La polémica en torno a la asignatura Educación para la Ciudadanía, que este año se imparte por primera vez en tercer curso de Secundaria, lejos de reducirse ha ido creciendo a lo largo del curso. Es más, en Córdoba son ya 1.575 las objeciones de conciencia registradas por el colectivo Profesionales por la Ética. No obstante, esta cuantía, según fuentes de la organización, puede superar las 3.000 porque muchas familias no les han hecho llegar una copia de la demanda.

Para presentar la objeción, las familias pueden descargar la solicitud en varias páginas web e, incluso, pedirla en los centros. En ella, han de exponer las razones que les llevan a solicitar que sus hijos no la cursen. Si el colegio no la acepta, los padres han de ir a la Delegación de Educación para registrarla de manera formal y presentarla de nuevo en el centro. Una vez hecho este trámite, desde Profesionales por la Ética indicaron la conveniencia de remitirles una fotocopia de la misma para su registro y recuento final.

La objeción de conciencia no es la única herramienta de la que disponen las familias, ya que alrededor de 60 padres han constituido la Plataforma de Padres Objetores de Conciencia. Se trata de una organización civil y aconfesional, cuyo principal objetivo es el de "defender la libertad de los padres a educar a nuestros hijos según nuestras convicciones y no dejar la formación de su conciencia moral en manos de cualquier Gobierno", apuntó ayer la presidenta de la plataforma, María Emilia García. Como la asignatura es obligatoria, García señaló que el único recurso que tienen las familias es ejercer el derecho a la objeción de conciencia. A su juicio, la objeción se trata del "instrumento legal más adecuado para defender el derecho a la libertad de educación e impedir la manipulación ideológica de nuestros hijos y que las autoridades educativas están obligadas a respetar".

El colectivo considera que esta asignatura, que ha levantado las críticas de numerosas familias y sobre la que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado el desarrollo de varias referencias y expresiones -es más, el TSJA reconoció el pasado mes de marzo el derecho a objetar contra la asignatura al estimar que "emplea conceptos de indudable trascendencia ideológica y religiosa como son la ética, la conciencia moral o los conflictos morales"- se puede convertir "en un instrumento de manipulación ideológica y adoctrinamiento por parte del Estado", apuntó. García subrayó también que "la escuela no es el lugar para que el Estado forme en moral a los niños", sino que es un papel que corresponde a las familias. Es más, incidió en que la "imposición" de la asignatura Educación para la Ciudadanía "trata de expropiar a los padres la responsabilidad y el derecho a la educación de nuestros hijos". Con esta plataforma, continuó, "queremos informar a los padres acerca de la asignatura y de sus contenidos".