La Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) ha reclamado al Ayuntamiento que suprima del objeto tributario del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de urbana, la llamada contribución, el cobro a las viviendas sociales, una cuestión por la que la Junta de Andalucía adeuda millones de euros al Consistorio por recibos no satisfectos. EPSA, dependiente de la Consejería de Fomento y Vivienda, ha presentado una alegación a las ordenanzas fiscales de este año en la que se propone que se aplique una posibilidad legal que deja fuera a estas viviendas de la obligación de pago ya que su objeto es tanto residencial como de asistencia social a las familias con menos recursos.

El gobierno municipal ha denegado la alegación de EPSA al entender que no está obligado por la legislación. Hace años, la Junta modificó los contratos de sus viviendas de alquiler para que sean los residentes en sus pisos quienes se hagan cargo del coste de la contribución. Previamente a eso, el gobierno municipal giraba los recibos pero no se pagaban, lo que ha generado un agujero cercano a los cinco millones de euros y que se repite en muchos municipios andaluces. El Consistorio estima que es suficiente con el actual sistema de bonificaciones que resta un porcentaje de IBI a todas las viviendas de protección oficial, independientemente de su categoría, durante cuatro años.

Por su parte, Intervención ha reclamado que se aclare el contenido de la ordenanza que obliga a los colectivos sociales a pagar por los módulos y escenarios de festividades. Hacienda no lo ve necesario.