Detectan tres millones en prejubilaciones de la UCO "sin soporte legal"

Un informe del Tribunal de Cuentas ha detectado hasta tres millones de euros en prejubilaciones "sin soporte legal" concedidas por la Universidad de Córdoba (UCO). El informe desvela también que junto a la UCO otras 32 universidades públicas han venido estableciendo durante más de una década programas de jubilación voluntaria anticipada e incentivada con cantidades entre 200.000 y 300.000 euros para el personal docente investigador (PDI) funcionario que carecían de "soporte legal", unos planes a los que han destinado 43,6 millones de euros sólo entre 2007 y 2009, según revela el documento.

Según el Tribunal de Cuentas, se trata "siempre de actuaciones singulares de cada universidad" que se han venido adoptando "como un efecto contagio" en "buena parte" de las universidades públicas desde principios de la última década y con especial intensidad en los años 2006, 2007 y 2008. El informe recoge que sólo entre 2007 y 2009, casi 1.500 personas se acogieron a estos planes de jubilación anticipada e incentivada. De hecho, en estos tres años se destinaron 43,6 millones de euros a los planes de incentivos universidades públicas com las de Almería (78.147 euros), Cádiz (1,1 millones de euros), Córdoba (3 millones), Granada (2,3 millones), Huelva (603.557 euros) y Sevilla (6,4 millones), así como en las del País Vasco (3,8 millones), Politécnica de Valencia (3,07 millones), entre otras.

El informe dice que en estas instituciones se "ha adulterado el significado de la figura del profesor emérito" creando una figura nueva, la de "profesor emérito a los solos efectos del PDI jubilado" que a juicio del Tribunal de Cuentas, "no tiene cobertura legal y, a la postre, supone una utilización instrumental de la misma con la que se pretende amparar la fijación de unos incentivos a la jubilación voluntaria que no encuentran, a su vez, cobertura legal".

El informe reconoce que aunque se da "disparidad en cuanto a las personas afectadas, los requisitos, el tipo de incentivo económico, su cuantía, su naturaleza, la financiación y el reflejo presupuestario", los planes se suelen centrar en el personal docente e investigador funcionario, con dos modelos: el que exige tener 60 años y 30 de servicios o 65 años y 15 de servicios y el que requiere tener 65 años de edad en todos los supuestos.

"La duración del incentivo se extiende hasta que se cumplan los 70 años. De esta manera, un profesor de universidad con 15 años de cotización puede acreditar a los 65 años una retribución muy por encima del cien por cien de la pensión; algo ciertamente llamativo en el contexto general de los diferentes regímenes de seguridad social", denuncia el Tribunal.

En cuanto a la "naturaleza del incentivo", el informe destaca la dificultad de conocerla porque se carga en los presupuestos de la universidad y, de hecho, apunta que en los consejos de gobierno de las universidades "no tenían claro el tema" porque en ocasiones hablan de "premios a la jubilación e, incluso, deciden que se abone con cargo a las partidas presupuestarias destinadas a la acción social". Con todo, "cabe concluir que el incentivo se aproxima al valor de la pensión máxima; con lo que el personal afectado se aseguraría desde el momento de la jubilación hasta los 70 años unos ingresos equivalentes al doble de dicha pensión máxima" que, en algunos casos, se justifican como premio de jubilación en metálico.

"Resulta desproporcionado, desde cualquier óptica que se analice, pretender justificar la concesión de unos incentivos que pueden alcanzar hasta un valor superior a los 300.000 euros como un premio y con cargo al concepto presupuestario previsto para las ayudas sociales", indica. Para el Tribunal de Cuentas, "la adopción y ejecución de acuerdos por los órganos de gobierno de las universidades públicas estableciendo programas de jubilaciones voluntarias incentivadas suscita serias dudas desde la óptica de la legalidad vigente", que tiene "clara intención de propiciar la permanencia en el servicio activo del personal docente e investigador".

Desde la UCO prefirieron ayer no hacer declaraciones al respecto hasta conocer con exactitud el informe emitido por el Tribunal de Cuentas.