El informe sobre abusos sexuales en la Iglesia Católica elaborado por el Defensor del Pueblo desvela la existencia de 25 casos registrados por la Diócesis de Córdoba, lo que la convierte en la segunda de España con más episodios investigados después de Madrid, con 27. El informe ha sido entregado este viernes por Ángel Gabilondo a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, con el resultado de la investigación que la Cámara le encargó hace año y medio y que recoge los datos comunicados por cada obispado. 

En el caso concreto de Córdoba, y de acuerdo a los datos que constan en el estudio, la Diócesis comunicó 26 casos, aunque finalmente se descartó uno (en ellos se incluyen los casos denunciados en una investigación del diario El País, algo que no ocurre en todas las diócesis). El número de víctimas se eleva a 35, de las que 32 eran menores de edad en el momento de producirse los hechos. Habría 15 niños y 12 niñas. 

Llama la atención que, de acuerdo a la documentación que obra en poder del Defensor del Pueblo, el grueso de los abusos investigados en Córdoba habrían tenido lugar a partir del año 2000, un momento en que el problema de la pederastia en el seno de la Iglesia formaba ya parte del debate público. Así, la Diócesis de Córdoba ha comunicado 12 episodios que habrían tenido lugar entre 2000 y 2023, y otros dos entre 1980 y 1999; de los demás, no se concreta la data. La Diócesis de Córdoba creó en mayo de 2019 una oficina específica para la recepción de denuncias y atención a las víctimas de abusos sexuales, por decreto del obispo, Demetrio Fernández, una de las primeras de España.

Una de las quejas del Defensor es que la mayoría de las diócesis no ofrece datos sobre la identidad de los agresores, ni siquiera iniciales, aunque sí reconoce que 19 eran sacerdotes. A estos, habría que sumar cuatro religiosos no clérigos y otros cuatro laicos. En 23 casos, la Iglesia inició procedimientos canónicos tras conocer los abusos y en 13, procedimientos civiles.   

El testimonio de casi 500 víctimas en toda España

El informe reúne los testimonios de 487 víctimas, y recoge los resultados de una encuesta en la que el 1,13% de los españoles mayores de edad revela que ha sufrido abusos en el ámbito religioso y un 0,6% por parte de un sacerdote o religioso. El documento de 777 páginas, titulado Una respuesta necesaria, recoge un total de 354 casos comunicados por las distintas diócesis y archidiócesis de España.

El Defensor critica la respuesta de la Iglesia y lamenta que ésta ha estado caracterizada "durante mucho tiempo" por la negación o la minimización del problema. "Algunas víctimas han tenido que hacer frente no solo a la negación y a la ocultación, sino incluso a presiones y a reacciones de representantes de la misma en las que se les culpabilizaba de los abusos sufridos", ha censurado.

En rueda de prensa recogida por Efe, Gabilondo ha calificado de "insuficiente y dilatoria" la respuesta de la Iglesia a las víctimas y ha criticado conductas habituales como el traslado de personas abusadora a otras parroquias, centros docentes o incluso países. En cuanto a la participación de la Iglesia en esta investigación, Gabilondo ha explicado que se ha intentado contactar con todos los obispos, pero no todos han contestado. "Algún obispo nos ha reñido", ha dicho, pero también ha habido otros "que lo han hecho bien".

"Mentiría si dijera que aquí nadie ha colaborado y mentiría si dijera que ha habido una colaboración extraordinaria", ha indicado Gabilondo, quien ha añadido: "La Iglesia ha tomado conciencia de que el mayor de los escándalos sería no colaborar con esta sociedad que quiere saber".

Las críticas del Defensor no se limitan al ámbito eclesial, también ha denunciado que los poderes públicos carecieron de procedimientos para prevenir, detectar y reaccionar frente a los abusos sexuales de menores en los centros escolares de la Iglesia y solo a partir de 2021 se introdujeron mecanismos de prevención y detección. Y lamenta también que la mayoría de casos que han llegado a ser denunciados no han encontrado respuesta por parte del sistema judicial.

Propone un fondo para indemnizar a las víctimas

El informe incluye una serie de recomendaciones, como la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a las víctimas y que un órgano administrativo especial -creado para la ocasión- instaurare un procedimiento de reconocimiento y reparación de las víctimas. "Me parece imprescindible que la Iglesia participe activamente y sea una parte fundamental del fondo estatal", ha dicho Gabilondo a este respecto y ha añadido que "la Iglesia, a estas alturas, debe ser consciente de esto".

También considera que esta institución debe poner los medios necesarios para ayudar a las víctimas de abusos sexuales en el proceso de recuperación, ofreciendo tratamiento a las víctimas o familiares, cuando lo requieran. Y solicita que las diócesis y los institutos de vida consagrada abran a los investigadores la información contenida en sus archivos.

Otra de las propuestas es la celebración de un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas "por el prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad", en particular entre 1970 y 2020.

En cuanto a los testimonios recogidos, que en palabras de Gabilondo "revelan el impacto devastador que los abusos sexuales han tenido en su vida", se trata de entrevistas a 487 víctimas, realizadas tanto en Madrid como fuera de la capital. El informe destaca cómo las víctimas recalcan los problemas emocionales y de conducta que padecen como consecuencia de los abusos. Un tercio de ellas afirman haber tenido síntomas de estrés postraumático y algunas han experimentado síntomas depresivos, sentimientos de vergüenza y estigmatización y de acción suicida.