Ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. El Defensor del Pueblo ha incluido al Ayuntamiento de Córdoba en la lista de "administraciones entorpecedoras" y "no colaboradoras" de su gestión después de dar el silencio por respuesta a los reiterados requerimientos en su labor de supervisión. El informe anual referido a 2020 hecho público este jueves por la institución que encabeza el economista Francisco Fernández Marugán incluye al Consistorio cordobés en esta lista negra por una cuestión.

En concreto, solicitó información el 20 de febrero relativa a la denegación de renta mínima de inserción social a una familia sin recursos. La oficina del Defensor realizó el tercer requerimiento el l2 de octubre de 2020, sin obtener respuesta. El Defensor considera que una administración es "entorpecedora" cuando deja pasar tres solicitudes de información sin contestar.

En otras dos ocasiones, Capitulares respondió a la tercera. La primera causa hace referencia a la obra de reparación en el techo derrumbado en un aula del colegio de educación Infantil y Primaria Colón. La segunda investiga la acreditación de los servicios sociales para obtener la ayuda para menores de 3 años escolarizados. La información se requirió por primera vez el 6 de abril y la tercera solicitud, el 27 de noviembre.

El otro organismo que sale mal parado en el informe de 2020 es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que también se entra en la lista de administración "no colaboradora". El Defensor, en concreto, solicitó ampliación de información el 17 de junio de 2019 sobre obras para la estabilización de márgenes del río Anzur, afluente del Genil, en el Sur de la provincia; el tercer requerimiento se cursó el 6 de julio y el informe, al fin, se recibió días más tarde.

Lo cierto es que la pandemia de covid-19 y el confinamiento no hicieron sino aumentar la labor de esta institución que vela por defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas españolas. En concreto, el Defensor tramité 270 quejas en la provincia de Córdoba durante 2020, frente alas 172 del año procedente. Esto equivale a un 56% más.

El departamento de Fernández Marugán, además, abrió dos investigaciones de oficio. Una ante el Ayuntamiento de Córdoba sobre las medidas con las que contaba la Policía Local para evitar posibles contagios provocados por el SARS-CoV-2 entre su plantilla durante la primera ola. Y una segunda ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por la agresión a funcionarios en el centro penitenciario de Alcolea.

Además, a lo largo de 2020 se publicaron tres recomendaciones a otros tantos ayuntamientos de la provincia. Al Consistorio de Villanueva de Córdoba, el Defensor aconsejó agilizar los trabajos y adoptar las medidas e instrumentos necesarios para que, a la mayor brevedad posible, el Pleno de esa corporación local finalizara la elaboración de la relación de puestos de trabajo del personal municipal para su definitiva aprobación.

También los ayuntamiento de Pozoblanco y Fuente Palmera recibieron un tirón de orejas. En ambos casos, el Defensor recomendó revisar el reglamento de la bolsa municipal de empleo, "suprimiendo la baremación del empadronamiento como mérito de los candidatos por ser contraria al principio de igualdad consagrado en la Constitución" y acomodar los procesos de apertura de las bolsas de empleo actualmente en curso a este criterio.