Cultivar cáñamo puede parecer un negocio rentable y hasta lucrativo. Algo que, de acuerdo a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible es discutible. Además de ser una misión casi imposible puesto que los riesgos de acabar cometiendo un ilícito penal son elevados. Y a pesar de ello, en apenas un año se ha duplicado en Andalucía el número de hectáreas cuyos propietarios pretenden destinar a esta finalidad.

En Córdoba, una de las empresas que se lanzó hace unos años a la aventura fue Sanoid, que tiene sede en el Parque Científico Tecnológico Rabanales 21 y que ubicó su planta de extracción y transformación en una nave de un polígono industrial. Entre otros productos ofrecen "extractos de cannabinoides de espectro completo, extraídos de nuestra flores cannabis de primera calidad. Estos extractos son cultivados con más de 12 variedades de cannabis registradas". Su objetivo es suministrar productos para las industrias dermocosmética, nutricional y farmacéutica.  La Agencia del Medicamento aprobó a la empresa  el cultivo, producción y fabricación de cannabis sativa y sus productos para la optimización del proceso. Sus instalaciones se reparten entre Sevilla, donde tienen invernaderos para el cultivo y crecimiento de las plantas, y Córdoba, desde donde se dedican a la cosecha, secado y procesado, así como la extracción y la transformación de los ingredientes aislados en el producto final.

De acuerdo a datos del Gobierno andaluz, en el Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía (Reafa) se han empezado a disparar las declaraciones de hectáreas de cultivo por parte de productores que pretender cultivar cáñamo. En octubre de 2020 eran apenas un centenar. Eso sí, desde la Junta se advierte: No todas las hectáreas declaradas han estado o están en cultivo. La mayoría se ubican en las zonas de mayor densidad de invernaderos. Las solicitudes de cultivo de cáñamo de la provincia declaradas en Reafa deben ser para uso industrial (obtención de fibra y grano –entendiendo como grano la semilla no destinada a siembra– y biomasa).

Sin embargo, el Gobierno andaluz afirma tajante que “en la actualidad no existe una demanda de fibra de cáñamo en España y los precios pagados por este producto en otros países europeos están muy por debajo del umbral de rentabilidad de cualquiera de las alternativas actuales de cultivo, tanto en secano como en regadío, por lo que aunque se pueda cultivar bajo determinadas condiciones, su rentabilidad económica es practicamente nula”.

Por no hablar de la más que probable presencia de principios estupefacientes en la planta de cannabis. Porque, a fin de cuentas, se trata de la misma planta que se interviene en operaciones policiales contra la marihuana, aunque haya variedades de dicho vegetal y muchos matices que apuntar en esta afirmación.La clave es el CBD, el cannabinoide predominante en el cáñamo. Si éste se obtiene como extracto o tintura de cannabis, esto es, a partir de los cogollos de la planta –independientemente de que sean flores masculinas o femeninas–, tiene la consideración de estupefaciente. Sólo en el caso de obtenerse de un proceso de síntesis o del grano, no tendría esta clasificación.

Agentes de la Guardia Civil inspeccionan cultivos.

Pero es que hay más, incluso en las plantaciones destinadas a la producción industrial, que no precisan de una autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), sólo se pueden utilizar semillas certificadas de variedades inscritas en el Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas de la Unión Europea, o de variedades que cuentan con una autorización provisional de comercialización.

Los cogollos, nunca podrán utilizarse a ninguna finalidad sin autorización de la Aemps, no se pueden almacenar y deben ser destruidos, “salvo en el caso de producción legal de grano o semilla”.Y si se habla de plantas cuya destino es su uso cosmético, cuentan con una regulación específica que es competencia de la Aemps. Y la normativa actual sólo contempla que este organismo dé luz verde a usos de tipo médico y científico, por lo que si alguien quiere utilizar estas plantas como ingrediente de sus productos cosméticos debe saber que esta actividad “no está permitida en ningún caso”. Para uso alimentario sólo pueden destinarse los granos –semillas no destinadas a la siembra–, “siempre y cuando sean variedades con un contenido en THC no superior al 0,2%”.

Pistas para los agricultores interesados

Debido al “gran interés” de este tipo de cultivo, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha elaborado un borrador para evitar incurrir en estas “actividades ilícitas” a los cultivadores de cáñamo, subrayando que la “proliferación de agentes intermediarios que ofertan a los agricultores la compra de cáñamo bajo una cierta apariencia de legalidad y con unas condiciones económicas muy atractivas a primera vista, puede tener unas consecuencias incluso penales”.

Como “señales de alarma”, la Junta de Andalucía indica que el primero es que el comprador de la cosecha de cáñamo no cuente con una autorización por escrito de la Agencia Española de los Medicamentos y los Productos Sanitarios (Aemps), ya que “cualquier uso distinto de la producción de fibra, semillas o granos solo puede realizarse con la autorización” de este organismo.

Cartel obligatorio en zonas de cultivo de cáñamo.

El Gobierno andaluz subraya además que sólo es legal cultivar semilla certificada de determinadas variedades de cáñamo, que se comercializa en envases cerrados y con una etiqueta identificativa, por lo que si el comprador del cáñamo proporciona etiquetas supuestamente legales de manera separada, el origen de este material vegetal es desconocido y potencialmente ilegal. Lo mismo ocurre en el caso de que el agricultor reciba los plantones ya germinados para su cultivo.

También alerta de situaciones en las que el precio a percibir por la producción de cáñamo está ligado a otras características distintas a la mera producción de semillas, granos o fibra, como por ejemplo, “referencias al contenido de CBD de la cosecha”.

“En muchos casos, la ausencia de control sobre el material realmente implantado (...) provoca que determinados lotes de semillas superen los límites legales de THC, riesgo que asume el agricultor en solitario”, insiste la Junta en esta línea.

Por último, el Gobierno andaluz indica que cuando el comprador establece, verbalmente o por escrito, prácticas de cultivo no orientadas a la producción de semillas o fibra, o en el caso más evidente en el que se obligue a la recolección de las plantas en el “estado fenológico de floración”, es una “señal evidente de que el producto buscado son los cogollos y no las semillas o la fibra”.