Cuestión de formas

A caballo del plan de ajuste municipal, el gobierno municipal del PP parece haber determinado la desaparición del Imdeec y, si no hay acuerdo laboral que rebaje drásticamente el coste presupuestario, de la Gerencia Municipal de Urbanismo y del Instituto de Deportes así como la semiprivatización de Cecosam y la externalización de una serie de servicios públicos de gestión directa, como la residencia de ancianos. Alega el equipo de gobierno que la realidad ha cambiado y que es preciso un ajuste general con el objetivo (a) de liberar fondos para la inversión directa a medio plazo y (b) de seguir pagando la yesca que devengan los créditos que el Consistorio sin que ello ponga -más- en crisis las cuentas públicas.

La Gerencia de Urbanismo se ha tomado como caso paradigmático de situación económicamente insostenible. El plan de ajuste establece un recorte del 25% en las partidas de personal que en estos momentos ascienden a 11 millones de euros. De no mediar acuerdo con la plantilla (en la casa se asegura que no hay negociaciones oficiales desde hace cerca de dos meses), Urbanismo dejaría de ser un organismo autónomo para volver a ser un área municipal, como en los años de la cuarta planta de Capitulares.

El plan de ajuste es, en realidad, el segundo escenario previsto por el PP para la Gerencia en muy poquito tiempo. En noviembre de 2011, el equipo de Luis Martín presentó sus planteamientos para Urbanismo que difieren notablemente de lo ahora previsto. Para que la Gerencia fuese sostenible, se establecía una reducción del 9% en la partida de personal, se establecía un recorte del gasto corriente del 30%. El servicio de Proyectos pasaba a Infraestructuras provocando un ahorro de dos millones de euros y se producía un "achatamiento" (la palabra es del gerente, Juan Luis Martínez) de la estructura de la institución.

Aquel plan de saneamiento, preelectoral, era cosa fina con respecto a lo que ahora plantea Hacienda. Por mucho que se quieran adornar las cosas, la plantilla de Urbanismo está compuesta por 50 funcionarios y 105 laborales fijos o indefinidos. Son éstos últimos los que lo tienen crudo en el supuesto de una reintegración del servicio.

Los representantes sindicales de Urbanismo han optado por el silencio, por no defenderse. Ellos sabrán. La imagen que se está trasladando es la de un Shangri-La ineficaz y nepotista donde se hacen masajitos en la espalda, se cobra una pasta y se trabaja poco y mal. Los propios socialistas dejaron caer durante la campaña electoral que liquidarían la Gerencia si alcanzaban la Alcaldía. El PP tiene el campo abonado para una reestructuración desde el punto de vista social a pesar de que no se diga que determinados beneficios laborales están siendo tolerados por el gobierno municipal en otras instancias públicas. Los populares, por ejemplo, han congelado pero no han cortado los planes privados de pensiones del sector público municipal. Y son iguales que los de la Gerencia.

Aquí mismo se ha defendido en otras ocasiones la reforma de Urbanismo por encima de su desaparición. La delicada materia con la que se trabaja en esa casa obliga a disponer de personal cualificado y estructuras específicas. Efectivamente, las actuales tienen agujeros y precisan de una revisión a fondo, que es un trabajo largo y difícil. Sin embargo, la disposición de organismos autónomos no es casual. El nivel de participación política es mayor, la rendición de cuentas es quincenal y todas las decisiones pasan por foros donde hay muchos ojos mirando. Inevitablemente, la mal llamada municipalización traería una reducción de la transparencia, lo que en el caso que nos ocupa es tema preocupante.

La cuestión también es de formas. En estos meses, se están tomando decisiones clave para el municipio que trascienden lo que ocurra en esta corporación municipal. Sus efectos se van a sentir, en lo positivo y en lo negativo, durante muchos mandatos. El PP, acomodado en la mayoría absoluta que disfruta, está aprobando legalmente estas medidas prácticamente de forma unilateral. Muy probablemente, no habría ningún acuerdo político sobre un plan que incluye privatizaciones (no parece que la izquierda esté por la labor de facilitarle las cosas al PP) pero la realidad es que el gobierno de Nieto está obligado, por principio, a intentarlo si quiere que lo que ahora está decidiendo tenga algún tipo de consistencia en el futuro. El famoso plan de ajuste tiene una vigencia de diez años. Y en 2022, vaya usted a saber. Todos calvos o directamente alemanes.

Igual que el Pleno del Viernes de Dolores retrató que se pierde la razón en la protesta cuando se apela a insultos y amenazas, los trabajadores del Imdeec no deben enterarse por los periódicos que la institución en la que trabajan va a desaparecer poniendo en riesgo el modo de vida de muchos de ellos. Tantas veces se ha quejado el PP del rodillo parlamentario de los socialistas en la Junta de Andalucía y de las formas que utilizaron IU y PSOE sus cogobiernos, -por cierto, con toda la razón-, que debería advertir cuándo la mayoría absoluta se ejerce de manera unilateral. Intentar llegar a acuerdos -en materias tan diversas como el puñetero centro de congresos- no es ser un maricomplejines ni dimitir de la obligación de gobernar.

Vivimos un proceso de enroque en la política local, autonómica, nacional. Para desgracia nuestra. Las posiciones ya son defensivas. No hay mejor retrato de lo que ocurre que la decisión del PP de blindar el Pleno a 65 asistentes previo paso por un control policial, pese a aquellas sesiones en la que Marita Cuadrado hacía cosas parecidas a las ahora vistas. Desde los populares se apela a los problemas de seguridad para modificar unos usos y costumbres más que consolidados en la institución. Entrar por narices en el salón de plenos va a ser ahora afición nacional. Nada mejor que limitar algo para convertirlo en icono. Mala decisión esa, muy mala.