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Córdoba registra 25 víctimas en accidentes de caza en el periodo comprendido entre 2007 y 2020

  • Al menos dos personas fallecieron en la provincia y nueve sufrieron lesiones graves

Un hombre, en una jornada de caza.

Un hombre, en una jornada de caza. / Álex Cámara

Los accidentes de caza producen decenas de víctimas con lesiones de diversa consideración y hasta la muerte. En el caso de la provincia de Córdoba, el periodo comprendido entre 2007 y 2020 arroja un saldo de 38 accidentes con o sin personas damnificadas, de las que al menos dos fallecieron, nueve referían lesiones graves y 13 de carácter leve, según información recabada por la Fundación Franz Weber.

De acuerdo con los datos de la Guardia Civil, en estos 13 años se produjeron numerosos accidentes en la comunidad, siendo Córdoba una de las provincias con más víctimas de Andalucía.

En el conjunto de España, el número de víctimas mortales asciende a al menos 63, sin contar con Cataluña y País Vasco, mientras que las personas heridas serían 483. 

Así, la Fundación Franz Weber destaca que "ningún deporte ni actividad al aire libre genera tal nivel de víctimas mortales, por lo que insta a las autoridades a comenzar a establecer controles adicionales a la caza". 

En primer lugar, defiende la generalización de los controles de alcoholemia y cualquier otra sustancia estupefaciente a cargo de los agentes medioambientales, reduciendo carga de trabajo a la Guardia Civil, así como una mayor labor inspectora para renovar cualquier licencia de caza. 

El Reglamento de Armas estatal data de 1993 y en el mismo se permite obtener una licencia a personas menores de edad. Desde los 14 pueden acceder a la denominada  Autorización Especial para Menores (AEM) y con cualquier edad se les permite acompañar o participar como espectadores en las cacerías. 

La normativa andaluza no establece medidas regulatorias adicionales, por lo que los menores participan en condiciones generales a la legislación nacional. 

De forma paralela, los naturalistas han insistido en alejar a cualquier menor de edad de las cacerías dado el riesgo real que existe para su integridad física y psíquica. Este planteamiento sigue las sucesivas recomendaciones que realiza el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas acerca de la exposición a la violencia por parte de menores de edad. 

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