El Consejo de Ministros, a propuesta de los ministerios de Hacienda y de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha aprobado este martes una subvención de 433,9 millones de euros para un total de 273 entidades locales con transporte público de su titularidad entre las que Córdoba cumple con los requisitos establecidos para ello.

De esas 273 entidades, 52 se ubican en Andalucía, por lo que el Gobierno ha informado de que esas entidades andaluzas recibirán un total de 55,8 millones de euros, siendo las capitales las principales beneficiarias de este reparto en la comunidad: Sevilla (18,4 millones); Málaga (12,6 millones); Granada (6,8 millones de euros); Córdoba (4,6 millones); Cádiz (3,2 millones), Almería (1,9 millones); Jaén (1,5 millones); y Huelva (1,3 millones).

El objetivo de esta subvención, según han precisado los ministerios de Hacienda y de Transporte, "es compensar la merma de ingresos sufrida por los servicios de transporte de las Entidades Locales como consecuencia de la restricción de movimientos que conllevó el covid-19 en 2020".

"Durante el pasado año se produjo una fuerte reducción de la demanda del servicio de transporte público y pese a todo, las entidades locales debieron mantener la prestación de este servicio en los mismos términos en los que venían haciéndolo con anterioridad", ha precisado el Consejo de Ministros, que también ha apuntado que "estas ayudas tienen carácter extraordinario y se conceden de forma directa a las entidades locales que presten habitualmente servicios de transporte público urbano e interurbano, con independencia de la modalidad de gestión".

Para ser beneficiarias de estas ayudas directas, el Gobierno ha explicado que, las entidades locales, además de haber enviado la información correspondiente o de haber atendido los requerimientos que se les hayan remitido para subsanar la posible remisión incompleta de datos, "tienen que prestar servicios de transporte público de su titularidad por cualquier modalidad de gestión y que hayan registrado una caída de ingresos por la crisis provocada por la pandemia; estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y por reintegro de subvenciones; no haber sido sancionadas mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones; y someterse a la normativa de supervisión, seguimiento y control de subvenciones, así como facilitar toda la información requerida por los órganos competentes".

"El Gobierno, en un Real Decreto-ley (el Real Decreto-ley 27/2020 de 4 de agosto) con medidas en favor de los Ayuntamientos que no logró el aval del Congreso el ejercicio pasado, ya había planteado un fondo para compensar la merma de ingresos de los servicios de transporte público por un volumen inicial de 275 millones de euros. A principios de este año, el Ejecutivo retomó este plan, con un trabajo conjunto entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Ministerio de Hacienda, revisando la dotación prevista y los criterios que la determinaban, de modo que se tuviera en cuenta la evolución de la pandemia y de la movilidad en la última fase del año 2020".

Así, la Secretaría de Estado de Hacienda, "a través de una Resolución con fecha de 9 de marzo de 2021", ha confirmado que "dictó instrucciones relativas al suministro de información por las entidades locales en relación con la prestación del servicio de transporte público, con el objetivo de que todos esos datos sirvieran de fundamento para determinar la concesión de una subvención compensatoria".