Córdoba

Córdoba registra una media de tres delitos sexuales cada semana

  • Policía y Guardia Civil resuelven el 81% de las denuncias y la cifra de arrestos alcanza los 110 en la provincia

Concentración en la Ciudad de la Justicia el día de la vista de la Manada de Pozoblanco Concentración en la Ciudad de la Justicia el día de la vista de la Manada de Pozoblanco

Concentración en la Ciudad de la Justicia el día de la vista de la Manada de Pozoblanco / Lolo Agredano

Los delitos sexuales siguen creciendo año tras año a un ritmo notable, sobre todo desde que el caso de la Manada –que también tuvo su ramificación en Pozoblanco– supusiera un impulso definitivo y una toma de conciencia para que muchas mujeres se decidieran a llevar a los tribunales situaciones de abuso en las que antes no daban el paso. Los abusos y agresiones sexuales suponen prácticamente un 80% del total de este tipo de infracciones penales.

Así, según los datos publicados ayer por el Ministerio del Interior, en Córdoba se contabilizaron en el año 2018 un total de 181 delitos contra la libertad e indemnidad sexual, lo que equivale a más de tres casos a la semana. De ellos, según la misma estadística, 77 fueron abusos sexuales, tres de abusos con penetración, 35 agresiones sexuales, 15 agresiones con penetración, ocho casos de acoso y 17 relacionados con pornografía y menores, entre otros.

Pese a estas escalofriantes cifras, los agentes de los cuerpos de seguridad del Estado lograron esclarecer 147, lo que significa que resolvieron más del 81% de los expedientes que investigaron.

Esos más de tres delitos sexuales a la semana en Córdoba supusieron además la detención de 110 personas en la provincia, de los que 40 están acusado de abusos sexuales, 24 de agresión y 13 de pornografía infantil, según las cifras de Interior. Otro apartado que recoge el informe es el de las víctimas que sufrieron esos delitos, que en el caso de Córdoba son 178 personas. 82 de ellas padecieron abusos sexuales y 36 agresiones.

El informe constata “un claro aumento en los últimos cinco años de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, y de manera más significativa en los años 2017 y 2018”. Esta tendencia es general en toda España, donde se han duplicado los casos desde 2013 hasta ahora. En cinco años se ha pasado de 8.293 hechos ocurridos a 13.872.

El crecimiento ha sido paulatino, pero se ha disparado entre 2017 y 2018, cuando se pasó de 11.692 a casi 14.000. De ellos, el 78% son abusos y agresiones sexuales, mientras que el resto de los delitos (pornografía de menores, exhibicionismo, prostitución, acoso sexual, contacto con menores y provocación sexual) representan el 22% restante. A diferencia de las agresiones y abusos, los delitos relacionados con la prostitución tienen una tendencia claramente decreciente.

Interior hace un estudio de la relación entre la víctima y el autor. Destacan sobre el resto las relaciones desconocidas. En el caso de las mujeres, las que poseen una relación familiar, las de pareja o ex pareja, llegan a representar el 13% de los casos conocidos. Por edades y tipo de relación se observan situaciones dispares, ya que en la violencia familiar claramente son los menores de edad los más preponderantes. Sin embargo, en los casos que no existe ninguna relación o se desconoce predominan las víctimas de 18 a 30 años.

Dentro del grupo de víctimas menores de edad se extraen dos conclusiones principales.La primera es que las chicas triplican a los varones excepto en la corrupción de menores o incapacitados y la pornografía infantil. En estos dos delitos se reducen las diferencias. La segunda es la desproporción entre españoles y extranjeros, que se extiende hasta el 87% a favor de los primeros.

A diferencia de las víctimas, en los agresores se da una proporción extremadamente alta de hombres. Solo en los casos relacionados con la prostitución las distancias se acortan. Para ambos sexos, la franja de edad entre los 41 y los 64 años concentra el mayor número de responsables de delitos sexuales. Le siguen los hombres de entre 18 y 30 años. El 67% de los autores de estas infracciones penales son españoles. El 33% restante son extranjeros, con Marruecos y Rumanía (los países con mayor población extranjera) como principales lugares de origen.

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