El artículo 17 de la ley 2/2017 de marzo de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía declaró el 14 de junio como el día de "recuerdo y homenaje" a las víctimas del golpe de estado militar de julio de 1936 y de la posterior dictadura franquista. Ante esta efemérides, la Plataforma Comisión de la Verdad es clara y contundente: "A día de hoy, las víctimas y sus familias no tenemos nada que celebrar. Sí, de nuevo, volver a denunciar públicamente el abandono institucional al que se nos sigue sometiendo en esta comunidad autónoma". "Nuestro recuerdo y homenaje a las víctimas choca de forma desmedida con el olvido y la desidia premeditada de las instituciones andaluzas", denuncian desde el colectivo.

La Plataforma Comisión de la Verdad insiste en que solo "un vergonzoso" calificativo podría aplicarse a la actual administración andaluza competente en materia de Memoria: "La ausencia". "Una ausencia total plasmada en la falta de financiación, desarrollo y puesta en marcha de las 19 intervenciones en la provincia de Córdoba publicadas en el BOJA desde el año 2017 en adelante", recalcan. O sea, en los municipios de Montilla, Posadas, Carcabuey, Peñarroya-Pueblonuevo, Rute, Villanueva de Córdoba, Baena, Fuente Obejuna, Espejo-Montoro, Hinojosa del Duque, Monturque, Cabra, Puente Genil, La Victoria, San Sebastián de los Ballesteros, Guadalcázar, la sepultura número 5 del cuadro de San Ramón en el cementerio de la Salud de la capital, Córdoba capital y Aguilar de la Frontera.

El colectivo denuncia asimismo la "total y absoluta ausencia" en la financiación, desarrollo y puesta en marcha de los proyectos actuales algunos ya en fase de ejecución y otros pendientes de inicio  y conclusión de los trabajos antes de la finalización de 2021, financiados y subvencionados por los ayuntamientos, la Diputación de Córdoba, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de la Presidencia del Gobierno de España "y donde la Junta de Andalucía no está ni se le espera". Son los casos de Aguilar de la Frontera, Monturque, Montilla, Cabra, Puente Genil, La Victoria, San Sebastián de los Ballesteros y Peñarroya-Pueblonuevo.

Catas previas a las exhumaciones en el cementerio de San Rafael.

La Plataforma Comisión de la Verdad también denuncia la "total ausencia de información y resultados" de las muestras de ADN entregadas para su procesamiento hace ahora algo más de dos años tras la intervención realizada en el cementerio de la Salud de la capital "y de la que los familiares no tienen aún ni un atisbo de información. Lo mismo ocurre con las pruebas de ADN entregadas y enviadas a Granada para su procesamiento hace ya la friolera de más de cinco años y aún sin respuesta ni resultados para los familiares".

"Córdoba está igual que el resto de Andalucía en materia memorista, muy mal, paralizada en inversiones para exhumaciones, hay inexistencia de banco de ADN, corte de subvenciones para investigación y paralización de señalización oficial de lugares de memoria...y podríamos seguir", detalla el representante de la Asamblea Memorialista Andaluza -que incorpora más de 75 colectivos memorialistas- y presidente del Foro por la Memoria de Córdoba, Luis Naranjo.

En la actualidad, en Córdoba se están llevando a cabo exhumaciones en Aguilar de la Frontera.  Fue el lunes 31 de mayo cuandomenzaron en el cementerio municipal de esta localidad de la Campiña Sur los trabajos arqueológicos para la localización y exhumación de los restos óseos de las personas fusiladas en la localidad durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. De esta manera se reanudaron unos trabajos que se iniciaron en el 2010 y que han estado once años parados por falta de financiación, según informó el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (Aremehisa), Rafael Espino. Los trabajos serán posibles gracias a la financiación del Ministerio de la Presidencia del Gobierno de España, la FEMP, la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera.

Pruebas de ADN a los familiares de las víctimas en el centro cívico de Poniente Sur.

Por otra parte, el pasado mes de abril, el delegado de Memoria Democrática de la Diputación de Córdoba, Ramón Hernández, apremió al resto de administraciones que conforman la comisión mixta para la exhumación de fosas comunes en los cementerios de La Salud y San Rafael a "convocar de forma inmediata la que será la primera reunión desde la firma del protocolo entre la Diputación, el Ayuntamiento de Córdoba, la Junta de Andalucía y el Gobierno central que tuvo lugar en el mes de diciembre". Hernández recordó que después de meses de la rúbrica del acuerdo, aún no se había concretado un plan de actuación con presupuesto y plazos. Esas exhumaciones, en las que se buscarán a unos 4.000 represaliados, tendrán un coste aproximado de 1,4 millones de euros.

Fue el 11 de diciembre de 2020 cuando se firmó en el Rectorado de la Universidad de Córdoba ese protocolo de colaboración entre el Gobierno central, la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento, con el compromiso de trabajar conjuntamente en la exhumación, levantamiento, estudio antropológico, custodia de restos óseos, extracción de muestras biológicas e identificación genética, de las personas halladas en las fosas de ambos cementerios. La comisión técnica que debe avanzar en los trabajos se constituyó el pasado mes de mayo y el Ayuntamiento dispone de 18.000 euros de la FEMP para acometer un primer sondeo previsto para los próximos meses.

"Estas intervenciones en los cementerios de la Salud y de San Rafael se van a llevar a cabo con una financiación absolutamente insuficiente y sin banco de ADN, con lo que no se cumplen las condiciones mínimas", defiende Luis Naranjo.

"No obstante, todo dependerá de que se cumplan los requisitos mínimos que establece la propia ley: toma de pruebas de ADN a familiares de forma generalizada, y una inversión mínima de un millón y medio de euros teniendo en cuenta las dimensiones de las grandes fosas de Córdoba, por no hablar de la comunicación al Juzgado territorial cuando aparezcan evidencias materiales de crímenes de guerra o desapariciones forzadas. Si no se cumplen estás condiciones, las expectativas reales de que el proceso anunciado de exhumaciones responda a las expectativas de las víctimas es, desgraciadamente, escaso", añade el presidente del Foro por la Memoria de Córdoba.

En este contexto, la Asamblea Memorialista de Andalucía y la Coordinadora Andaluza Memorialista -ambas plataformas representan a la ciudadanía andaluza organizada para la defensa de la reparación y la memoria de las víctimas del franquismo; o lo que es lo mismo  a más del 90% del movimiento memorialista- han suscrito un documento para que los ayuntamientos y diputaciones le pidan al Gobierno de la Junta de Andalucía que desarrolle y ponga en práctica la Ley de  Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, "que está casi derogada de facto por la ausencia de políticas públicas de memoria", incide Luis Naranjo. El presidente del Foro por la Memoria de Córdoba insiste en que el documento responde a que "de facto se está procediendo a una especie de derogación de la Ley de Memoria. Lo único que nos mueve es la reparación de las víctimas y, sobre todo, el derecho de no repetición, que jamás se repitan los acontecimientos dramáticos y las violaciones masivas de los Derechos Humanos que acaecieron a partir del golpe de Estado y fundamentalmente durante la dictadura".

Luis Naranjo apunta que es necesario que la Junta tenga en cuenta un plan anual de exhumaciones bien fundamentado y bien financiado "y que realmente responda a los miles de desaparecidos que aún quedan en las cunetas; es fundamental un convenio con Educación para la inclusión en el curriculum educativo de las cuestiones fundamentales relativas a la Memoria Histórica que ya están investigadas y que ya están fundamentadas científicamente; es fundamental también que se reabran las oficinas de atención a las víctimas, porque muchas víctimas no saben a donde dirigirse; es también fundamental que se establezca un desarrollo reglamentario de la ley, entre otras cosas un catálogo oficial de simbología franquista para que no haya lugar a dudas de cuáles son símbolos franquistas y cuáles no, así como un protocolo nuevo de exhumaciones; y es absolutamente fundamental que se dote de nuevo a los grupos y personas que lo deseen para que la investigación y el trabajo a nivel de libros y publicaciones sea efectivo".

El presidente del Foro por la Memoria de Córdoba insiste en que no se trata de un tema de derechas ni izquierdas, "sino que se trata de un tema de democracia, de derechos humanos, de reparación de las víctimas y de buscar una mayor convivencia social para que jamás se repitan los dramáticos acontecimientos de la historia reciente de España".

Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (Aremehisa) organiza visitas escolares a las exhumaciones.

En esas demandas de los colectivos memorialistas a la Junta, además de pedir que se cumpla la Ley  de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, se le insta, entre otras cosas, en lo referente a la obtención de ADN para poder identificar a las víctimas recuperadas de enterramientos y fosas comunes en cementerios y cunetas, se solicita la puesta en marcha de un programa de obtención de muestras genéticas de familiares de las víctimas, "especialmente de aquellas personas de avanzada edad, para garantizar que, junto al inexorable paso del tiempo de los enterramientos no se una la dificultad de no tener familiares con los que comparar los restos encontrados". También se insta a la Junta de Andalucía a que impulse las actuaciones dirigidas a la identificación y localización de niños y niñas sustraídos y adoptados sin autorización de los progenitores, los llamados niños robados, "que es algo que ocurrió a gran escala durante la dictadura", argumenta Luis Naranjo.