El Ayuntamiento tiene ya menos de diez días para decidir si quiere llevar a juicio a Acampada Dignidad por la ocupación ilegal del antiguo colegio Rey Heredia, que sigue en el recinto. El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Lainz, ha suscrito un nuevo auto judicial en el que también plantea "la posibilidad de prácticas de nuevas diligencias de investigación complementarias", según consta en el escrito al que ha tenido acceso El Día.

En el mismo, el juez vuelve a ensalzar la actividad de este colectivo, al asegurar que se trata de una "cosa que es sinceramente de agradecer y elogiar ante la necesidad de aunar los esfuerzos de solidaridad en favor de tantas personas necesitadas que actualmente residen en Córdoba". No obstante, también recuerda que esa situación "no torna en legítimo el acceso, ni supone la inexistencia del ánimo específico que gobierna la decisión de acceder y usurpar". En el auto, Rodríguez Lainz también señala que "la situación de desocupación real o abandono tampoco da derecho a nadie a entrar en el inmueble y ocuparlo".

La resolución también recoge que el magistrado ha decidido levantar las imputaciones sobre cuatro de los 14 acusados en un principio, ya que considera que son usuarios del centro y no activistas. Para Acampada Dignidad, este hecho representa "una prueba más de que el señor juez sigue sin entender que el centro social Rey Heredia es un centro autogestionado y que nadie es más activista que nadie, ni nadie menos usuario que nadie".

El juez también ha decidido "la apertura de actuaciones por procedimiento abreviado establecido en la ley de enjuiciamiento criminal contra nueve de los diez encartados", destacó el colectivo. "Uno de ellos, al que la Policía tomó mal la fecha de nacimiento, es enviado por su señoría a la Fiscalía de Menores", recordó uno de sus portavoces, Rafael Juan, quien explicó que "este compañero subsanó el error, que también existía en un apellido, a través de nuestra abogada, y que incluso estuvo declarando frente a su señoría, quien pareció no detectar que, en vez de 17, tiene 47 años". En el auto, el juez también insta a Acampada Dignidad a que pague dos facturas presentadas por el Ayuntamiento de 200 euros de luz y 56 euros de agua, aproximadamente.

Juan mostró su satisfacción y señaló que ahora el alcalde, José Antonio Nieto, "tiene la gran oportunidad de pedir el sobreseimiento del caso, llamar al Consejo de Distrito (quién hace ya una semana le entregó el plan de usos solicitado) y proceder a la cesión del edificio".

Ante estos hechos, Nieto también confió en que el Consejo de Distrito Sur defina la propuesta de gestión de las instalaciones del antiguo colegio. Reconoció que ha recibido un escrito de éste órgano "en el que hace una declaración de intenciones, más que una propuesta de gestión" y lamentó que en ella "no hay ni un solo número". El primer edil precisó que "la declaración de intenciones no está definida ni jurídica ni económicamente". Por eso, Nieto consideró necesario que "sea el propio Consejo de Distrito el que defina dicho plan, y que no se defina por otro ámbito, y que lo haga jurídicamente". El regidor indicó también que el consejo "sabe que hay un problema con la titularidad y la forma jurídica que es necesaria" y en relación a "la explotación".