El Consistorio pedirá que la Junta asuma la apertura de colegios el próximo curso

La reforma de la ley local tiene aún flecos pendientes. Uno ellos es la reordenación de las competencias de Educación que, con la aplicación de la nueva norma, pasan a la Junta de Andalucía y desaparece de los municipios, más allá de ayudar a crear colegios (cediendo el suelo, por ejemplo) y de estar pendientes de la escolarización obligatoria. Los porteros, ahora municipales, deben pasar también a ser responsabilidad de la Consejería de Educación, pero eso no ha ocurrido al menos en el caso del Ayuntamiento de Córdoba. Este personal se encarga, entre otras tareas, de la apertura y cierre de los centros educativos.

El gobierno municipal ha seguido asumiendo esa tarea pese a que ya no debería hacerlo, aunque la intención es iniciar una negociación con la Junta de Andalucía para que la administración autonómica esta competencia. La concejal de Educación del Ayuntamiento, Luisa María Arcas, aseguró que existe un "compromiso" de mantener al personal en este curso escolar, pero también advirtió de que la Junta no ha asumido su papel que le corresponde por ley.

Las funciones de los porteros son varias. Van desde controlar las entradas y salidas de los alumnos, a la apertura y cierre del centro, controlar la calefacción, las alarmas y todo tipo de trabajos de personal subalterno. Ya pocos porteros viven en el colegio, quizá los más antiguos, aunque esto llegó a ser una práctica habitual. Las viviendas tienden a desaparecer de los centros escolares y este personal suele venir de otros servicios municipales, por lo que ya cuentan con su propia vivienda. Hay porteros que ocuparon directamente la plaza por oposiciones, pero otros muchos son interinos y pueden desempeñar su labor en otros servicios del Ayuntamiento.

La nueva ley de régimen local establece como competencia a los ayuntamientos en materia de educación la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y la cooperación con las administraciones educativas correspondientes "en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes". La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial, algo que no es habitual porque prácticamente la totalidad de los centros de la capital son propiedad de la administración autonómica.

Arcas ya se ha reunido con la Asociación de Directores de Colegios y les ha transmitido la situación. El colectivo mantiene que se trata de un servicio que hay que prestar en los centros independientemente de quién asuma esa competencia. Hay que tener en cuenta que el déficit de porteros siempre ha sido una cuestión que ha preocupado a los colegios y se han dado casos en los que colegios que, por su dimensión, deberían tener a dos conserjes, solo cuentan con uno. El Ayuntamiento, incluso, ha tenido que recurrir a programas de empleo para contratar a personal para este cometido. El pasado verano, además, se celebró una convocatoria pública de oposiciones a portero con 50 plazas que recibió más de 6.000 aspirantes y que estuvo envuelta en la polémica por la fecha de celebración pero que finalmente se desarrolló sin incidencias.

El gobierno municipal ya hizo un trabajo el año pasado para adaptar las delegaciones y el organigrama municipal a la ley de bases de régimen local y prácticamente quedaron resueltos todos los asuntos. Uno de los que ha traído más polémica es la competencia relativa a los servicios sociales especializados, concretamente en el asunto del centro de mayores. De hecho, el Ayuntamiento ha terminado sacando a concurso la gestión de la residencia municipal de mayores Guadalquivir con un canon de alrededor de 100.000 euros. La oposición criticó la "privatización" pero el gobierno municipal defendió que no había otra opción porque la Junta no ha asumido las plazas conveniadas con el Ayuntamiento.

Precisamente la ley local también fue la causa de otra de las polémicas más sonadas en este mandato y, en este caso, también relacionado con la educación: el cierre de la Escuela Infantil Félix Ortega. El Pleno del Ayuntamiento aprobó en marzo de 2012 el cierre de la escuela -que se creó en 1968- amparándose para ello en su plan de ajuste municipal. La decisión salió adelante gracias a la mayoría absoluta del PP en el Consistorio.