El Consistorio quiere a Antonio Prieto como 'supergerente' del sector público

El gobierno municipal ya tiene un nombre apuntado en la agenda para el nuevo cargo de supergerente, la persona que tiene que hacerse cargo del control y coordinación política de las empresas municipales más relevantes. Antonio Prieto Mahedero, exresponsable de Seguridad y Presidencia, bajo la etapa de Rafael Merino, es el favorito de José Antonio Nieto para el cargo, que técnicamente tiene un nombre incomprensible: vicepresidente ejecutivo del órgano colegiado Servicios Básicos de Córdoba. Según la estructura municipal responderá directamente ante el alcalde y ante su teniente de alcalde de Presidencia, Miguel Ángel Torrico. A su cargo, tendrá a un coordinador general.

Prieto es un viejo conocido de la política municipal y una cara muy habitual en los medios de la ciudad, últimamente como directivo del Córdoba CF SAD, del que es vicepresidente del consejo de administración. También es una persona de mucha influencia en el Partido Popular, al que le gusta la segunda línea y el trabajo interno pero que no ha dejado de formar parte de la vida de la formación política. Durante el mandato de Rafael Merino, fue el coordinador del gobierno y responsable de muchas de las decisiones que se adoptaron en aquella etapa. Tras la vuelta de la izquierda al gobierno de la ciudad, estuvo dos años como portavoz adjunto del grupo municipal del PP, que dejó en 2001 bastante desencantado con la vida pública. Fichó por Sanyres, empresa del grupo de empresas Prasa dedicada a la construcción y gestión de centros de mayores.

Si se confirma su fichaje, Prieto tendrá una responsabilidad muy concreta. Montar un holding con cuatro empresas municipales bajo la forma jurídica de Agencia Pública Empresarial Local (APEL). Este nuevo departamento englobará a las cuatro sociedades mercantiles más importantes del Ayuntamiento, que prestan servicio básicos. Son Emacsa (agua), Sadeco (recogida y tratamiento de basura), Aucorsa (transporte urbano) y Cecosam (gestión de los cementerios municipales y servicios funerarios). Han quedado fuera las dos empresas relacionadas con el ladrillo, Procórdoba y Vimcorsa, que tendrán un tratamiento especial, y Mercacórdoba, donde el Ayuntamiento tiene la mayoría del capital pero no la totalidad de las acciones (el segundo gran accionista es la sociedad estatal Mercasa). Las cuatro empresas que quedarán a las órdenes del supergerente son las que movilizan a un mayor número de trabajadores dentro del sector público. Sadeco, Aucorsa y Cecosam presentan unas cifras de déficit, que cubre el Ayuntamiento, bastante importantes. El PP ya ha dicho que su misión en este aspecto es que estas empresas acaben financiándose unas a otras, por medio de una compensación entre beneficios y pérdidas. Conseguir que una empresa de transporte público como Aucorsa, un servicio que es estructuralmente deficitario ante el coste bajo del billete, es un objetivo realmente complejo, se ha reconocido desde el propio gobierno municipal.

La coordinación entre empresas públicas es un objetivo que se ha intentado en varias ocasiones por medio de varias figuras. La figura del holding público ha planeado desde hace años por la política municipal. Rosa Aguilar optó por crear un cargo administrativo de coordinación. Sin embargo, la existencia de equipos directivos, consejos de administración y balances diferenciados ha evitado siempre una política de sinergias en este aspecto. En las últimas elecciones municipales, era prácticamente un discurso unánime de todos los partidos que era preciso adoptar iniciativas de gestión conjunta como establecer sistemas unificados de compras.

La APEL tendría que estar funcionando antes de finales de año, según los cálculos del gobierno municipal, que la considera una herramienta básica para reducir los actuales 24 millones de euros de déficit del sector público.