El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) ha denunciado que la Gerencia de Urbanismo tiene "paralizada la redacción de la ordenanza municipal de Conservación, Rehabilitación, Evaluación y Estado Ruinoso de las Edificaciones (Ocrer) que debe regular, entre otros asuntos, las inspecciones de los edificios (ITES)".

Según ha explicado el CMC, esto ha obligado a tener que "prorrogar la no aplicación de la ordenanza sobre inspección técnica de edificios existente, ante su carácter punitivo y que supera la función para la que tiene que servir: conseguir que los bloques plurifamiliares de más de 50 años, los BICS o los que soliciten subvención para rehabilitación, aseguren su estado".

"Para el Consejo del Movimiento Ciudadano se lleva más de una década amenazando con una norma que tiene sentido solo si se mantiene dentro de la racionalidad y si su aplicación se limita a aquellas casuísticas pactadas, pero que no puede ser una forma de financiar despachos profesionales a costa de las comunidades de propietarios", ha precisado la organización, que además ha destacado que "no puede extenderse de forma indiscriminada a las viviendas unifamiliares, tal y como se detalla en la ordenanza actual, puesto que ya hay sentencias al respecto que determinan que es un exceso de los ayuntamientos querer hacerlo".

La organización que preside Juan Andrés de Gracia ha mostrado sus dudas sobre "cuál es la razón para que no se hayan reiniciado los trabajos para la nueva ordenanza", a pesar de que ha asegurado que hace ya meses reenviaron las propuesta, "así como las que presentó el Consejo Social". Mas allá de la "consabida falta de personal" de la Gerencia, "que es real pero que no puede ser el comodín para todo", esta situación muestra "dejadez y falta de interés" por cumplir lo acordado, ha apuntado la organización ciudadana.

"No queremos pensar que la razón estriba en seguir generando ingresos para los citados despachos", ha señalado el Consejo del Movimiento Ciudadano, quien ha añadido que ya están "en el límite del tiempo para aprobar la nueva ordenanza (Ocrer) y no tener que prorrogar de nuevo los plazos de cumplimiento de la actual".

"Recordamos que afecta a miles de viviendas en toda la ciudad que no pueden seguir con la amenaza de una ordenanza que nunca se hace realidad", ha destacado el organismo, que también ha aclarado que "hay que combinar la seguridad de las viviendas de la ciudad, con la mejora de su accesibilidad y con potenciar su eficiencia energética, pero hay que hacerlo sin que suponga un coste inasumible por el vecindario".