El I Congreso Jurídico Nacional sobre discapacidad Ciudad de Córdoba se celebrará por primera vez los próximos días 28 y 29 de septiembre en el Real Círculo de la Amistad de la capital cordobesa. Se trata de un encuentro que busca sensibilizar a los profesionales jurídicos sobre la discapacidad y que cuenta con la financiación del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec) y en Red con el Foro Andaluz de Bienestar Mental; así como con la colaboración de las fundaciones Aequitas del Notariado, Prode y Cordobesa de Apoyo a las Personas con Discapacidad y Mayores.

La diputada de la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Córdoba, Cristina López, ha explicado que el objetivo de esta asamblea que contará con la asistencia de varios afectados por la discapacidad y  con representantes nacionales del mundo jurídico y parlamentario, es el de "conseguir la integración y el desarrollo pleno tanto profesional como personal de las personas con discapacidad". Para ello, se llevará a cabo esta "formación especializada y única" dedicada a todos los profesionales jurídicos, así como personal docente, médicos, funcionarios y personal del ámbito sociosanitario.

Bajo el lema Cuando la sociedad cambia, cambia el derecho. A veces el derecho puede cambiar a la sociedad, este congreso se celebra dos años después de la aplicación de la ley 8/2021 que entró en vigor en septiembre de 2021 y que supuso "un cambio tremendo en la legislación civil creando medidas de apoyo a las personas con discapacidad en el desarrollo de su capacidad jurídica", como ha destacado López.

"El objetivo es el de predicar por un cambio de mentalidad, ya que tenemos que enfrentarnos a un campo en el que hasta hace no mucho no había ideas asociadas a la incapacidad. Antes de esta ley, cuando los afectados cumplían 18 años se les incapacitaba jurídicamente y su responsabilidad se le designaba a un tutor. Sin embargo, esto va de dar apoyos y no de incapacitar, es decir, de promover la autonomía para que no sea necesario ir a los tribunales", ha señalado el fiscal delegado de la Sección de Apoyo a las Personas con Discapacidad y Mayores en Andalucía, Fernando Santos.

Santos ha hecho hincapié en que "el camino de la inclusión es la concienciación" y en que todos deben conocer bien esta ley, empezando por los propios profesionales de la Justicia. Y es que, "los discapacitados también quieren ir a las verbenas, al fútbol o a esquiar", de ahí que "la mentalidad sea lo fundamental", como ha recordado el fiscal, quien ha distinguido entre distintos colectivos dentro de la discapacidad: "la física y sensorial que plantea pocos problemas jurídicamente; la discapacidad intelectual; y los trastornos de anomalías mentales o demencias como el Alzheimer".

Por su parte, el presidente del Foro Andaluz de Bienestar Mental, Isidoro Cubero, ha destacado que este congreso servirá a las personas con discapacidad como "altavoz", pues será "una sinergia de fuerzas". Además, el gerente del Imdeec, Gonzalo Esparza, ha puesto en valor a Córdoba "como ciudad abierta e integradora", gracias a esta cita que tendrá lugar los días 28 y 29 de septiembre con inscripción gratuita a través de la página web hasta completar el aforo de 300 personas. 

Gran descenso de las demandas de incapacitación

Santos ha destacado que el 9% de la población española, algo más de cuatro millones de personas, están afectadas por esta ley, por lo que se trata de "un colectivo inmenso" que desde que entró en vigor la 8/2021 puede luchar por "su dignidad y ejercicio de derecho". Así lo ha defendido el fiscal, quien ha añadido que solo debe ir un discapacitado al juzgado si "no tiene representación suficiente y debe vender un bien suyo, pues que sea el tutor el que pida su incapacitación".

Según los datos ofrecidos por el fiscal, antes del 2021, los procedimientos de incapacitación ascendieron a 175 en la provincia y la capital cordobesa. Sin embargo, a partir de que la ley entrara en vigor, solo se han registrado cinco demandas de incapacitación. Esto se debe a que, como ha expuesto Santos, "no era necesaria la incapacitación, pero era la costumbre pese a que expropia a uno de todos sus derechos".

Desde que se aplicó la 8/2021, en España hay más de medio millón de sentencias para que los discapacitados dejen de ser considerados jurídicamente incapacitados. En Córdoba concretamente hay más de 4.000 sentencias que revisar (los juzgados de Córdoba revisan mensualmente entre 80 y 90), aunque el parón de las huelgas judiciales de los letrados y ahora de los funcionarios está paralizando los procedimientos.

Este levantamiento de inhabilitaciones se lleva a cabo mediante revisiones de oficio desde que se aprobó la ley, aunque también la están llevando a cabo particulares porque "les corre prisa", ha señalado el fiscal. Esta ley será uno de los principales aspectos a tratar en el I Congreso Jurídico Nacional sobre discapacidad Ciudad de Córdoba, pues, como ha precisado Santos "la ley tiene algunos problemas que están en vías de solución y de aquí a un año será revisada".