El Tribunal que juzga el caso Malaya condenó ayer al empresario y líder de Unión Cordobesa (UCOR), Rafael Gómez, a seis meses de prisión, sustituibles por el pago de una multa de 12 meses a diez euros diarios, por la comisión de un delito de cohecho. Además, tendrá que pagar otra multa de 150.000 euros. El empresario cordobés José María Enríquez, por su parte, fue absuelto de la comisión de un delito de cohecho y otro de blanqueo de capitales, por los que se enfrentaba a ocho años de prisión.

Gómez, más conocido popularmente como Sandokán, llegó a los juzgados de la capital malagueña pasadas las 10:30 acompañado de su círculo más cercano. El empresario hizo alarde una vez más de su particular personalidad. Saludó a todos los medios de comunicación que esperaban desde primera hora para conocer el fallo de la sentencia y proclamó su inocencia ante los hechos por los que estaba imputado. La Fiscalía Anticorrupción le pedía al empresario 18 meses de cárcel y una multa de 1,2 millones por un delito de cohecho porque entendía que le pagó al exasesor de urbanismo de Marbella, Juan Antonio Roca, un soborno de 600.000 euros para que el Ayuntamiento hiciera la vista gorda y le permitiera abrir en sus oficinas un acceso al paseo marítimo de la localidad que no estaba permitido en las normas urbanísticas.

El tribunal del caso Malaya, finalmente, condena a Gómez a una pena de seis meses de prisión por un delito de cohecho y al pago de una multa de 150.000 euros. La pena de prisión es sustituible por una multa de 12 meses a diez euros diarios. El empresario a su salida de la sede judicial malagueña confirmó, sin perder en ningún momento la sonrisa, que recurrirá la condena, con la que no se siente satisfecho "porque no he hecho nada y me han echado seis meses, pero es lo que hay". No obstante, el líder de Unión Cordobesa reconoció que nunca ha contemplado la posibilidad de entrar en prisión, ya que, tal y como ha defendido en numerosas ocasiones, "no había motivos para ello".

El dueño de Arenal 2000 fue detenido como imputado en la operación Malaya el 27 de junio de 2006 en su domicilio de El Brillante. Fue conducido a Málaga y prestó declaración ante el juez el día 29. El conocido empresario, que estuvo acompañado en su arresto por empresarios de la construcción y del mundo del toro, dijo al juez instructor que sólo era conocido de Juan Antonio Roca, no amigo. Gómez explicó al juez que había estado reunido con Roca en varias ocasiones para negociar convenios, pero negó que hubiera pagado comisiones.

Estas mismas palabras las repitió en su declaración ante el tribunal que ha juzgado el caso. Gómez defendió su inocencia y aseguró que nunca pagó 600.000 euros al presunto cerebro de la supuesta trama de corrupción para acondicionar unas oficinas de su constructora Arenal 2000 y conseguir abrir una puerta de acceso al paseo marítimo de la ciudad marbellí.

En el cierre de la vista oral del mayor juicio celebrado en la historia de España, que se alargó durante 22 meses, el empresario hizo uso de su último turno de palabra y, dejándose llevar por el llanto, puso de relieve el "daño irreparable" que, a su juicio, ha sufrido alguien que sólo quería "trabajar y hacer el bien". Incluso, ofreció detalles de su vida más personal, aludiendo a unas palabras que le dijo su esposa. "Falete, ¿no te ha dado nunca por ahorcarte?" porque "la vida nos ha señalado para siempre". "El daño más grande ha sido el de dejar a casi 10.000 familias sin trabajo", señaló emocionado el empresario del barrio de Cañero.

Otro de los imputados en el caso Malaya era el dueño de Promociones Los Jardines, José María Enríquez, que una vez más quiso mantenerse en un segundo plano. El tribunal lo absolvió ayer de la comisión de un delito de cohecho y otro de blanqueo de capitales, por los que se enfrentaba a una pena de ocho años de prisión.

El propietario de Los Jardines fue detenido el 14 de noviembre de 2006 en el seno de la tercera fase de la operación Malaya. Finalmente salió de los juzgados de Marbella gracias a una fianza de 150.000 euros.

Ante el Tribunal, el 23 de enero de 2012, Enríquez reconoció que hizo negocios con dos empresas de Juan Antonio Roca pero sin saber que detrás estaba el exasesor de urbanismo de Marbella. La Fiscalía Anticorrupción sostenía que el 30 de agosto de 2000 el Ayuntamiento entregó a Tomás Olivo, dueño del centro comercial La Cañada, unos aprovechamientos urbanísticos para compensar una vieja deuda. Ese mismo día, Olivo vendió los suelos a FNG, una sociedad de Juan Antonio Roca que, a su vez, se los vendió dos meses después a José María Enríquez por 1,2 millones. Según el fiscal, el promotor cordobés aceptó en ese acuerdo entregar a Roca el 30% de los beneficios que obtuviera.

Pero, finalmente, el Tribunal ha absuelto a Enríquez de todos los delitos por los que estaba acusado -en concreto, uno de cohecho y otro de blanqueo de capitales- por los que le pedían una pena de ocho años de prisión. En total, 43 de los 95 procesados fueron ayer absueltos.