Hechos similares, pero resultados diferentes. El Juzgado de lo Penal número 2 ha condenado a un año de prisión a un parcelista de la localidad de Lucena -J. C. G. M.- por sendos delitos contra la ordenación del territorio y desobediencia, aunque la sentencia no ordena la demolición de la construcción. La resolución expone que la cercanía de la parcela a un núcleo consolidado "no lo exonera de responsabilidad penal" y razona que el procesado debía conocer que no podía edificar sin licencia debido a la "notoriedad" social que han tomado los hechos de este tipo en los últimos años.

El abogado de la defensa, Jesús López de Ahumada, anunció ayer su intención de recurrir la resolución del Juzgado de lo Penal ante la Audiencia Provincial, aunque reconoció que, teniendo en cuenta el último plenillo de magistrados, el delito se encuentra "casi objetivamente acreditado". Los hechos se remontan a enero de 2005, cuando la Gerencia de Urbanismo de Lucena dictó un decreto que ordenaba el precinto de los trabajos. La sentencia considera probado que, un mes más tarde, el mismo organismo comprobó que el precinto había desaparecido y que la construcción continuaba, así que los agentes advirtieron de los hechos dos veces más. El parcelista argumentó durante el juicio que no sabía que tenía que pedir licencia.