El Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba (COACo) ha mostrado "su preocupación ante la situación de bloqueo que sufren sus trabajos durante la tramitación de obtención de licencias en la Gerencia Municipal de Urbanismo". "Conscientes de las consecuencias de ello en la actividad económica de la ciudad", el órgano colegial se pone "a disposición de la administración para emitir informes o certificados sobre la cualificación urbanística de los proyectos, que permitan la agilización de la concesión de dichas licencias".

La propuesta, según indica el Colegio, está amparada por la Ley 7/2021 de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), de 1 de diciembre, que ya en su exposición de motivos establece como "una necesidad de nuestro tiempo y una de sus líneas estratégicas la colaboración público-privada".

Y así lo regula en su artículo 9 -añade- determinando que las administraciones públicas, con competencias en la ordenación territorial y urbanística, tienen "el deber de facilitar y promover la colaboración de la iniciativa privada, pudiendo celebrar convenios de colaboración y formalizar encomiendas de gestión con los colegios profesionales para la realización de tareas de carácter instrumental, material, técnico, auxiliar o de apoyo a las actuaciones de verificación, inspección y control del cumplimiento de la normativa correspondiente en el ámbito urbanístico".

El Colegio de Arquitectos de Córdoba defiende que, aún no teniendo la consideración de actos administrativos, los informes que emita como corporación de derecho público pueden ser asumidos por la administración. De hecho, la propuesta que presenta el órgano colegial se ha realizado en base a otro documento puesto en práctica por otros ayuntamientos andaluces.

Tras la entrada en vigor de la nueva ley urbanística de Andaucía (Lista), el Colegio Oficial de Arquitectos remitió en febrero de 2022 a la Gerencia Municipal de Urbanismo un borrador de convenio para hacer realidad este marco de colaboración, pero "el organismo municipal aún no ha contestado a esta propuesta formalmente".

Sin embargo, su presidente, Salvador Fuentes, "sí ha verbalizado en privado y en público que ese convenio podría ser un camino para desbloquear el atasco de la GMU, sin que ello se haya traducido en hechos tangibles", apunta el Colegio.

A juicio del Colegio de Arquitectos de Córdoba, la puesta en marcha del convenio propuesto debería ir acompañada de otra serie de medidas internas que ayuden a reducir los plazos de tramitación.

En concreto, los arquitectos denuncian que el plazo medio para que sus expedientes puedan ser simplemente asignados a un técnico ronda los tres meses a partir de su registro en la sede electrónica, pudiendo transcurrir bastantes meses más para la asignación del expediente; la media para la concesión de una licencia puede estar en unos 12 meses.

La representación oficial de los más de 500 arquitectos colegiados en Córdoba considera que estos plazos son "injustificables y lamentan las dificultades que generan a la hora de poder trasladar a sus clientes los plazos previstos para acometer sus proyectos".

La Junta de Gobierno del COACo reconoce que con los actuales gestores de la GMU existe una buena comunicación, y fruto de ello ha sido la aprobación de la Guía Práctica de aplicación de la normativa urbanística del PGOU y PEPCH, donde se aclaran y unifican las interpretaciones que los técnicos de Urbanismo hacían de la norma; también valoran positivamente la contratación de nuevos técnicos, corroboran el avance llevado a cabo en la tramitación prioritaria de grandes promociones de viviendas, pero afirman que "la lentitud en la resolución de los expedientes más comunes de obra mayor sigue siendo insostenible para cientos de arquitectos y promotores cordobeses".

Además, el COACo reclama la posibilidad de implantar una plataforma electrónica que permita conocer al interesado en qué momento de su tramitación se encuentran los expedientes presentados y facilite la comunicación con los técnicos responsables de informar los expediente.