Tribunales

El Colegio de Abogados alerta del "alarmante retraso" y la suspensión de juicios en Córdoba

  • Para los letrados, la falta de medios materiales y personales están detrás de estos atascos

  • Consideran insuficientes los servicios extraordinarios en los juzgados puestos en marcha desde la Junta

Ciudad de la Justicia de Córdoba.

Ciudad de la Justicia de Córdoba. / Juan Ayala

El Colegio de Abogados de Córdoba alerta de la "caótica situación" derivada de la demora en el señalamiento de determinadas actuaciones judiciales y la suspensión de juicios, incluso apenas dos días antes de su celebración, que se vienen produciendo en determinados juzgados de la provincia de Córdoba. 

Ante el elevado número de abogados que ha transmitido su preocupación, la junta de gobierno considera "inadmisible" que en Córdoba se estén produciendo situaciones de demora como son señalamientos de juicios por despido a más de cuatro años vista; demandas por reclamación de cantidad presentadas en 2020, que aún están pendientes de señalamiento e incluso de que el juzgado las admita a trámite, algo que "resulta especialmente perjudicial para los trabajadores y empresarios que no pueden ver atendidas sus demandas en un plazo razonable".

También arrojan una demora significativa en la jurisdicción Social las demandas en materia prestacional ante la Seguridad Social o por reconocimiento de incapacidad, alertan los abogados. De hecho, "en noviembre de 2020 determinados juzgados de Córdoba ya señalaban este tipo de procedimientos a 22 meses vista".

Además, como era de esperar por la pandemia, la situación "se ha agravado en los últimos meses, sobre todo a causa del incremento de procedimientos derivados de la crisis sanitaria", en su mayoría relacionados con la jurisdicción Social. Y ello, "a pesar de que los sucesivos planes de choque de reactivación de la actividad de la Administración de Justicia de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local", por los que se están autorizando servicios extraordinarios en los juzgados de toda Andalucía, que a todas luces "están resultando insuficientes".

Ya el año pasado se anunció la puesta en marcha de un nuevo Juzgado de lo Social número 5 con el objetivo de "contribuir a agilizar y acelerar la reactivación de la actividad judicial ordinaria y concretar y adecuar la planta judicial a las necesidades existentes", es decir, que estaría dedicado en su totalidad a casos derivados de la pandemia con entrada en funcionamiento el día 31 de diciembre de 2020, según se publicó en el BOE del 2 de diciembre. 

Los retrasos estarían fundamentados en la sobrecarga de trabajo que pesa sobre los juzgados y en problemas de agenda; sin embargo, los abogados aseguran que los motivos que están provocando que determinados procedimientos "se eternicen" son de sobra conocidos: "la endémica falta de medios materiales y personales que padece la Administración de Justicia, unida a la existencia de un número de órganos judiciales por debajo de lo estimado como necesario, así como la alta litigiosidad están detrás de estos retrasos". Ante esta situación, reclaman a las administraciones y organismos competentes "la adopción urgente de cuantas medidas sean necesarias para subsanar las graves deficiencias de funcionamiento que afectan a los Tribunales de Córdoba".

Para el Colegio de Abogados "resulta llamativo" que existan procedimientos relativos a cláusulas suelo y préstamos hipotecarios iniciados en 2017 y 2018, cuya audiencia previa está señalada para 2023, casi con cinco años de demora.

En concreto, la junta de gobierno considera especialmente preocupante que se estén suspendiendo juicios, sobre todo, "cuando a determinadas abogadas se le ha denegado el aplazamiento de un juicio con nuevo señalamiento por razón de maternidad, pese a estar previsto el juicio en fechas cercanas al parto y haberlo solicitado con suficiente antelación, vulnerando el derecho a la conciliación familiar de estas profesionales", han denunciado.

Ante esta realidad, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Córdoba manifiesta "su más enérgica protesta por una situación que ya supera todos los límites tolerables para un correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, afectando en muchos casos al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que exige de los Juzgados y Tribunales una respuesta a las demandas de los ciudadanos en un tiempo razonable".

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