Colectivos reclaman que la causa contra el franquismo siga adelante

Diversos colectivos que trabajan para recuperar la memoria histórica recibieron ayer contrariados el auto del juzgado de Instrucción número 7 que archiva la causa abierta por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sobre las desapariciones y los crímenes cometidos durante la dictadura en la provincia e insistieron en que la investigación continúe. La Plataforma Ciudadana por una Justicia Democrática mostró su "desacuerdo" con la resolución y expresó que se trata de una "actuación precipitada" que deja en la "indefensión jurídica" a las víctimas del franquismo.

El colectivo recordó que, conforme a los tratados suscritos por España, el Comité de Derechos Humanos de la ONU insta a "garantizar que los tribunales no aplicasen plazos de prescripción para los delitos de lesa humanidad". La desaparición forzada se trata de un delito de "ejecución permanente", que sigue cometiéndose "mientras se mantenga la detención o la desaparición", advirtió el colectivo.

La plataforma demandó a la Justicia que contemple en sus resoluciones y sentencias la "legislación internacional y los tratados que en materia de derechos humanos tiene suscritos el Estado" e insistió en que los delitos cometidos por el régimen durante la dictadura "deben ser investigados y esclarecidos". Sólo así "restableceremos los derechos de ciudadanía a las víctimas del genocidio y la represión fascista", culminó la asociación.

La presidenta del Foro por la Memoria Histórica en Córdoba, Isabel Amil, también insistió en que los delitos de genocidio "no prescriben". "La solución más fácil para acallar polémicas es decir lo contrario, pero este tipo de infracciones penales se mantiene vigente", señaló Amil. La portavoz del Foro por la Memoria Histórica insistió en que "mientras que no se investiguen los crímenes sistemáticos va a continuar la impunidad de los culpables" y recordó que la asociación seguirá con su labor de recuperación de fosas comunes e identificación de fusilados.

En octubre de 2008, Baltasar Garzón cifró en 7.091 las personas desaparecidas durante la Guerra Civil en Córdoba, lo que la convertía en la segunda provincia española con más personas en paradero desconocido en toda España por la contienda. Sólo Málaga, con 7.797 personas, se acercaba a las cifras de Córdoba. Garzón exponía estos datos en un auto judicial en el que se consideraba competente para investigar unos hechos que podrían revestir la calificación jurídica de "crimen contra la humanidad" y que, según explicó en los razonamientos jurídicos del documento, hasta ahora han permanecido impunes.

Según el auto del juzgado cordobés, sin embargo, al tratarse de hechos desde los que han transcurrido más de 70 años "habrían quedado rebasados los máximos periodos de prescripción del delito presuntamente cometido". El auto recuerda que, según el Código Penal, los delitos prescriben a los 20 años "en el caso de que estuvieran castigados con la pena más grave", como en el presente procedimiento. Esto conlleva el "archivo definitivo" de las actuaciones.