El Ministerio de Defensa ha decretado el cese en destino del capitán que dirigió el ejercicio de Cerro Muriano en el que fallecieron ahogados dos militares el 21 de diciembre de 2023 en la Base de Cerro Muriano (Córdoba), según publica este jueves el Boletín Oficial de la Defensa (BOD).

Según ha avanzado la Cadena Ser, la medida se produce tras la petición a la ministra de Defensa, Margarita Robles, por parte de los familiares de los militares fallecidos, Carlos León y Miguel Ángel Jiménez, de la suspensión en funciones de los oficiales encausados.

El capitán Zúñiga, el teniente Tato y el sargento Estupiñán prestaron declaración el pasado 22 de marzo ante el Juzgado Togado Militar número 21 de Sevilla por las muertes del cabo cordobés Miguel Ángel Jiménez Andújar y del soldado sevillano Carlos León Rico.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha aludido a la "pérdida de confianza" como motivo del cese del capitán responsable de las maniobras. En declaraciones a los periodistas este jueves en Córdoba, ha explicado que el cese ha sido una "decisión de los mandos militares" que tiene su origen en los "lamentables y trágicos sucesos" que ocurrieron en Muriano.

Ha añadido que se trataba de "un puesto de confianza que dejó de tener esa confianza", de tal forma que por parte de los "mandos superiores" se articula un "un cese del destino", que es como se denomina un destino "que estaba vinculado a una libre designación". Sin embargo, tras el suceso se abrió un "expediente" que culmina con "esa pérdida de confianza", una medida "que viene prevista en la Ley de Defensa" y que se concreta con ese "cese del destino".

Asimismo, ha apuntado que, al margen de las "medidas de otro tipo de cautelar" que le puede corresponder a "la instrucción del procedimiento judicial militar que se está llevando a cabo", la decisión obedece al "expediente que de forma inmediata se abrió", continuó con apartar "de forma inmediata" al capitán y se resuelve con el cese.

Cese total de la actividad

El abogado de los padres del cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, Francisco José Pérez Romero, ha valorado este jueves el cese del capitán investigado de cara a "posibles responsabilidades penales". El letrado ha dicho que con dicho cese "se da trámite a lo recogido en el artículo 111.1 de la Ley de la carrera militar", de modo que "todo militar que se encuentre inmerso en una causa penal debe ser apartado de sus funciones".

Además, ha aseverado que "no solamente se nos da la razón desde un punto de vista administrativo, sino que se está encauzando el procedimiento de cara a inculpar posibles responsabilidades penales que pueden y deben de competer tanto al capitán, que en este caso ha sido cesado, como al resto de militares que deben ser investigados a lo largo de la tramitación" del caso.

En concreto, el mando pasa a la situación de servicio activo "pendiente de asignación de destino", según aparece publicado en el Boletín Oficial de Defensa (BOD) de este jueves y consultado por Europa Press. En él, el Ministerio especifica que contra la resolución de cese "se podrá interponer" en el plazo de un mes un recurso de alzada.

Por otra parte, Luis Romero, el abogado de la acusación particular en nombre de los padres del soldado Carlos León Rico, pedirá el cese total de actividad para el capitán que dirigió el ejercicio, ya que puede pedir otro destino tras decretarse su cese en el actual. En declaraciones a Efe, Romero ha explicado que al capitán "se le ha apartado del servicio, pero puede solicitar otro en el Ejército de Tierra", y al no tener retirado el pasaporte, puede pedir destino en el extranjero "y es habitual en estos casos pedirlo en Estrasburgo o una sede de la OTAN".

Por ello, ha matizado que al capitán "no se le ha cesado, se queda en su casa cobrando por ahora", en una medida que tiene seis meses de vigencia y se puede prorrogar por otros seis.

Romero pedirá al Juzgado Militar y al Ministerio "la suspensión total de empleo" del capitán porque, en estos momentos, "puede pedir cualquier destino que esté libre en España o fuera", y ha indicado que el 22 de diciembre, un día después del suceso, se informó de que el capitán había sido apartado del destino "pero no era cierto".

Sobre las medidas cautelares que no se le han aplicado, como la retirada del pasaporte, el abogado ha señalado que podría producirse un riesgo de alteración de pruebas o fuga, y que por los delitos que ha cometido se enfrenta a una pena de hasta 15 años de cárcel.

Ha señalado que el pasado viernes recibió un aviso de apertura de expediente por parte del juez que investiga el caso por presunta revelación de secretos, "lo que no es cierto al no haberse decretado el secreto de sumario", un expediente al que contestará con un escrito de unos 20 folios, además de pedir la recusación del magistrado por considerar que no es total su parcialidad.

Por último, ha indicado que la ministra de Defensa, Margarita Robles, le ha contestado a un escrito que le remitió hace unos días con 35 preguntas sobre el caso, y ha respondido que "se sigue un procedimiento judicial" y su departamento debe "estarse a lo que en éste determine la autoridad judicial".