El juicio sobre esta causa del caso Rocket se celebra en la Ciudad de la Justicia de Córdoba esta semana, tras más de una década de años desde que dieran comienzo las investigaciones por el posible fraude en las ayudas para la construcción del Tren Turístico en la localidad peñarriblense. En este caso, el proceso judicial que se desarrolla ahora es una pieza separada por la tramitación de la innovación del polígono industrial Antolín III y por el cambio de planeamiento en la Vega Currillo.

Fue en octubre de hace diez años cuando la exalcaldesa socialista de Peñarroya-Pueblonuevo Luisa Ruiz fue detenida por una presunta trama corrupta en torno a la gestión de subvenciones al desarrollo del municipio y, posteriormente, fue imputada por presuntos delitos contra la Administración Pública, fraude y falsedad documental relacionados con las ayudas europeas al Plan Miner.

Un hecho cierto es que mientras que Luisa Ruiz fue regidora, la comarca minera recibió los fondos Miner, aunque muchas de las iniciativas previstas no llegaron a materializarse, con lo que las expectativas creadas en el municipio en torno a este plan de reestructuración quedaron en casi nada, más allá de miles de metros de suelo reservado para industrias que nunca llegaron.

La Fiscalía acusa a la que fuera alcaldesa socialista, entre los años 2007 y 2011, de prevaricación, fraude de subvenciones, falsedad, malversación y tráfico de influencias y pide responsable de las irregularidades cometidas durante la gestión, tramitación y destino de una serie de subvenciones millonarias. El Ministerio Público pide 32 años de cárcel y 55 de inhabilitación para empleo o cargo público por todos los delitos que se le imputan.

En la sesión de este martes 26 de septiembre le ha tocado prestar declaración a varios testigos, entre ellos trabajadores en esos años del Ayuntamiento peñarriblense, además de arquitectos y empresarios responsables de las obras en los citados espacios señalados. Dos de ellos y una arquitecta han asegurado que mantenían contacto con la que fuera alcaldesa para la contratación de los servicios.

Uno de los testigos ha sido ha sido el arquitecto Luis García de Vigueras, responsable de los trabajos de cambio de planeamiento del polígono Vega Currillo y también del proyecto de urbanización, por el que facturó 355.700 euros a través de Promociones Industriales Valle del Alto Guadiato (Pivag), organismo que recibía los Fondos Feder. En su respuesta al fiscal, el arquitecto ha señalado que en todo momento "la persona visible es la alcaldesa" y ha añadido que desde el Ayuntamiento se le pidió que hiciera una memoria de las actuaciones.

En el caso del segundo contrato, ha continuado, "metí al Ayuntamiento en el juzgado porque no me pagaban, gané el juicio y cobré". Es más, ha puesto de manifiesto que descubrió que "el dinero que tenía que haber cobrado lo había cobrado de Pivag".

La empresa Alfasur fue una de las que trabajó en la urbanización del citado polígono y uno de sus responsable era entonces Rafael Horcajada, quien también ha intervenido en el juicio y también ha sido claro al respecto: "Nos contrató el Ayuntamiento" peñarriblense. A la pregunta del Ministerio Público de cómo consiguieron el trabajo ha respondido que "la alcaldesa nos pidió que le hiciésemos un presupuesto para pedir los fondos (Miner) y se lo hicimos". 

También ha reconocido que "las facturas no se las giraba al Ayuntamiento, sino a Urpaca", la empresa constructora que era la contratista de la obra del polígono Vega Currillo. 

En esta misma línea, Rafal Ruiz, socio de Alfasur, ha coincidido en una respuesta con García de Vigueras. No en vano, ha señalado que "inicialmente redactamos un documento para pedir la subvención" de los Fondos Miner, cifrada en 1,8 millones de euros. En su caso, ha afirmado que no tuvieron relación con Pivag.

"Estaba fatal"

Otro de los testigos que ha comparecido este martes ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha sido la arquitecta María Teresa Redondo, que ha expuesto que realizó trabajos para el polígono El Antolín III, en su caso, la modificación del planeamiento y el proyecto de urbanización y de obra. 

Su testimonio ha cambiado atendiendo a las respuestas que ha dado en la sala y las que ofreció en su día ante la Guardia Civil. A preguntas del Ministerio Fiscal ha asegurado que la contrató el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo y que la alcaldesa no le ofreció el trabajo. Sin embargo, ante la Guardia Civil sí dijo que "casi todos los contactos fueron con la alcaldesa".

"Estaba muy presionada y fueron muchas horas. Lo que dije es que los encargos venían a través de la oficina técnica y, posteriormente, como con cualquier otro cliente había contactos con la alcaldesa, pero eran reuniones de desarrollo de trabajo. Era mucha presión, yo estaba fatal", ha expuesto.

En su declaración, el fiscal ha mostrado un informe con la memoria final de las actuaciones previstas que le llegó desde la oficina técnica del Ayuntamiento. Al respecto, ha afirmado que ella no lo redactó. Este documento refleja los honorarios a cobrar por su trabajo que, según ha expuesto, calculó por los baremos del Colegio de Arquitectos de Córdoba. "Nadie del Ayuntamiento me dijo lo que tenía que poner", ha subrayado. 

En la misma sesión han comparecido la que era entonces la interventora del Consistorio, además el secretario accidental del mismo y un técnico municipal.