Calatayud culpa a la Junta de retirar la autoridad al profesor

El juez de menores de Granada, Emilio Calatayud, culpó ayer a la Junta de retirar la autoridad del profesorado en los últimos años. Como ejemplo, el magistrado -conocido por sus sentencias ejemplares- expuso que haya sido la Consejería de Educación la que haya aprobado dos asignaturas contra el criterio de los profesores a un alumno de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria del instituto Los Álamos, ubicado en Bormujos, (Sevilla). A su juicio, esa decisión "supone la supresión de toda la autoridad de un profesor".

Calatayud hizo estas declaraciones antes de participar en las jornadas Reflexiones sobre la educación: crisis en valores, organizada por la Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires. El juez también hizo referencia a la retirada de los conciertos por parte de la Junta, administración que vincula la decisión a la bajada de la natalidad. Para Calatayud, "la educación pública absorbe a mucha gente, pero no puede dar salida a toda las necesidades educativas que hay". "Me parece grave que se haga política a costa de la educación", incidió. A su juicio, que la política se entremezcle en la enseñanza puede hacer "mucho daño a ciudadanos porque todos los padres tienen derecho a elegir". Calatayud aseguró también que con la eliminación de los conciertos "se violan derechos de los padres a elegir los centros que quieren para sus hijos". En su intervención, el magistrado también aludió a los problemas actuales que tienen los padres con los hijos. Así, recordó su "indefensión" con respecto a ellos, la supresión de un artículo del Código Civil "por el que no pueden corregir razonable y ordenadamente a los hijos" y "la ausencia de comunicación por parte de todo el mundo de los deberes que tienen los hijos para con los padres y los problemas que trae consigo". También lamentó la existencia de contradicciones jurídicas con los menores, tales como que "una cría de 12 años pueda comprar la pastilla del día después y, sin embargo, no pueda mantener relaciones sexuales", así como que una menor de 16 años "pueda abortar sin conocimiento y consentimiento de los padres y para prestar declaración delante del juez tenga que ir acompañada y al mismo tiempo no pueda comprar tabaco".

El juez hizo un llamamiento a las familias y demandó la generación de un movimiento social que ayude a atajar la crisis de valores de la que adolece, a su juicio, la juventud española. A su juicio, también es necesario un "examen de conciencia" por parte de la clase política para tratar este crisis de valores a la que se ha llegado por ser un país con "complejos de joven democracia".

Las jornadas fueron inauguradas por el obispo, Demetrio Fernández, quien destacó la necesidad de hablar de Dios "en la educación del niño del adolescente, en la importancia de la búsqueda de la verdad y la necesidad de ser educados en el amor humano".