Cajasur paraliza los desahucios

Cajasur paralizará los desahucios de "forma inmediata", siguiendo así las directrices marcadas ayer por el presidente de Kutxabank, Mario Fernández. La entidad financiera es el primer grupoque suspende de este modo todos los procedimientos de ejecución hipotecaria hasta que se conozca la nueva regulación en la materia. La entidad financiera precisó que esta nueva resolución afectará tan sólo a las hipotecas establecidas sobre primeras viviendas. Cajasur se limitó a confirmar que la estrategia anunciada por el presidente de su grupo no se circunscribe a la comunidad autónoma vasca sino que es de aplicación general para todos los clientes del banco en estas circunstancias.

Esta decisión llega tan sólo un día después de que la vecina de Barakaldo Amaia Egaña se suicidara cuando la comisión judicial iba a proceder a desahuciarla de su vivienda. Tras este fatídico suceso, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció durante un mitin en Lleida en la campaña electoral catalana que espera poder anunciar mañana nuevas medidas en relación a la política sobre los desahucios, como "la paralización temporal" de los que afectan a las familias más vulnerables. No se sabe exactamente cuál es el planteamiento de los partidos aunque ya están apareciendo propuestas similares a los procedimientos concursales, de negociación obligatoria, entre el banco y la familia afectada.

Para fijar dichas medidas, el presidente ha mantenido contactos con el PSOE para poner solución a un tema "muy difícil, con muchas complicaciones". "Estamos viendo cosas que a nadie nos gustaría ver, cosas terribles, inhumanas", reconoció Rajoy. Además, confió en que se revisen los umbrales de exclusión "para aplicar mejor el código de buenas prácticas". Populares y socialistas han creado un grupo de trabajo para tener una norma urgente después de años en los que este asunto no ha formado parte de la agenda. La ley hipotecaria tiene un siglo de antigüedad y ha sido denunciada por juristas y expertos ante los problemas que ocasiona, en muchos casos, de desprotección de las familias afectadas. Durante el segundo trimestre del año se marcó un nuevo récord de desahucios de viviendas y locales dictados por los juzgados españoles, con un total de 47.943, lo que arroja una media diaria de 526 desalojos forzosos entre el 1 de abril y el 30 de junio, según los datos oficiales publicados por el Consejo General del Poder Judicial. Del total, 7.984 se produjeron en Andalucía, lo que sitúa a la Comunidad a la cabeza.

En Córdoba uno de los desahucios más impactantes tuvo lugar el pasado 20 de octubre en el número 51 de la calle Evaristo Espino, en el barrio del Campo de la Verdad. Funcionarios del juzgado de Primera Instancia Número 2 de Córdoba acompañados de varios policías desalojaron, sin previo aviso, a Lourdes Castro y su pareja, José Manuel Mengíbar, de su vivienda. La causa del desalojo se debió a que el matrimonio no ha podido pagar por completo el préstamo de 72.000 euros que pidió en 2005 al banco Santander para reformar su casa. Hasta la fecha, sólo han podido abonar los primeros 12.000 euros. La falta de pago de las cuotas permitió a la entidad financiera subastar la casa a una empresa que, según detalló la plataforma Stop Desahucios, se encuentra domiciliada en Luxemburgo. Esta organización logró paralizar el primer intento de ejecución el 18 de julio.

La pareja pasó varios días en casa de sus familiares, aunque volvieron a su casa ante el temor de que alguien se llevase los enseres que aún mantenían dentro. Ambos reconocieron que no saldrían del inmueble sin una notificación previa.

En todo momento el matrimonio ha contado con el apoyo de Stop Desahucios que llegó a concentrarse a las puertas de los juzgados y presentar una denuncia por la forma en la que había tenido lugar el desahucio sin previo aviso del órgano judicial competente. Además, la plataforma protagonizó una manifestación en el Bulevar como apoyo a la pareja y después de que un hombre de 54 años se suicidara en Granada horas antes de ser desahuciado de su vivienda, por la que había formalizado una hipoteca en 2007 de 240.000 euros, según informaron las fuerzas de seguridad.