CSIF ha vuelto a ganar las elecciones sindicales en la Administración General del Estado (AGE) celebradas en Córdoba, donde se incluyen servicios públicos como la Seguridad Social, la Prisión de Alcolea, la Subdelegación del Gobierno, el Servicio Público Estatal (SEPE), la Jefatura Provincial de Tráfico, la Delegación de Hacienda, el CSIC, el CAMF de Pozoblanco, la Inspección de Trabajo, el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir o el personal civil que presta servicio en las comisarías de la Policía Nacional y en Defensa.

El sindicato obtuvo 14 de los 40 delegados que se elegían, lo que supone una representatividad del 35%, y fue la opción preferida por estos profesionales tanto entre los funcionarios como entre el personal laboral, con un resultado que fue especialmente positivo en el Centro Penitenciario de Alcolea con un elevado apoyo por parte de la plantilla que rozó el 39% de los votos que se emitieron allí. A nivel autonómico y nacional, CSIF también fue el sindicato más votado en esta convocatoria.

El responsable del Sector de AGE de CSIF Córdoba, Vidal Muñoz, resalta que los resultados de estos comicios, a las que estaban llamados más de 2.000 empleados y empleadas y tuvieron una participación cercana al 58%, dejaron a CSIF como la opción mayoritaria tanto en la Junta de Personal, con ocho representantes, como en el Comité de Empresa, con seis delegados, uno más que en las anteriores elecciones celebradas en 2019.

El representante sindical se ha mostrado muy satisfecho por estos resultados y ha expresado su agradecimiento a todo el personal de la AGE por confiar mayoritariamente, una vez más, en la opción profesional e independiente de CSIF a la hora de defender sus derechos y representar sus intereses en los próximos cuatro años.

“Pondremos todo nuestro empeño y trabajo en conseguir un gran número de reivindicaciones que estimamos que son fundamentales para mejorar las condiciones laborales y dignificar la labor del personal de la AGE, entre las que sobresalen la recuperación del poder adquisitivo perdido, el incremento retributivo ligado al IPC, la implantación de la jornada de 35 horas semanales o la supresión de la tasa de reposición adecuando las plantillas a las necesidades reales”, subraya Muñoz.