Al menos 150 profesionales de Interpretación de Lengua de Signos (ILSE) y Personal Técnico de Integración Social (PTIS) de la educación pública están en peligro de perder su puesto de trabajo en Córdoba a raíz de un informe de la Junta de Andalucía que data del año 2016, en el que, según advierte el secretario provincial de Enseñanza de CCOO, Antonio Sánchez, este personal, que trabaja bajo contratos con empresas adjudicatarias, debe pasar a ser personal laboral de la Junta.

Sánchez ha aclarado que, a raíz del Informe General de la Junta de 2016, quedó claro que la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) no tiene competencias para la contratación del Servicio de Apoyo y Asistencia al Alumnado con Necesidades Educativas Especiales ni el de Interpretación de Lengua de Signos, y que la Consejería de Educación tiene hasta el 2022 para convertir estos puestos en públicos. Como consecuencia de ello, el pasado julio, la Consejería de Educación y Deporte comunicó su intención de rescatar dichos servicios a través de la creación de una bolsa de trabajo.

Sánchez ha explicado que el problema es que la mayoría de estas mujeres, aun pudiendo optar a la bolsa, "es difícil que accedan a un puesto de trabajo, pues al no haber trabajado para una administración pública, y no contar su antigüedad en el puesto –la media se sitúa entre cinco y siete años-, tendrán menos puntos que otras personas que sí cuenten con tiempo de trabajo en la administración". 

Este colectivo en Córdoba asciende las 144 PTIS en 114 centros 18 ILSE en 16 centros. En Andalucía asciende las 1.400 personas, el 90% de ellas son mujeres y, según el sindicato, "trabajan en condiciones precarias y con salarios inferiores al de sus compañeras de la Junta". El secretario de Enseñanza de CCOO asegura que la única solución "es que la propia administración subrogue a ese personal, y entendemos además que la ley lo permite".

Asimismo, el sindicalista informa de que la Ley 9/2017 de Contratación del Sector Público en su Art. 130.3: “En caso de que una Administración Pública decida prestar directamente un servicio que hasta la fecha venía siendo prestado por un operador económico, vendrá obligada a la subrogación del personal que lo prestaba si así lo establece una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general”.

A raíz de esta situación, el sindicato ha convocado a movilizaciones y huelgas que arrancarán el próximo 15 de enero a las 11:00 con una concentración en la Consejería de Educación en Sevilla, mientras que el 22 de enero acudirán a las delegaciones del Gobierno de las distintas provincias, a las 17:30; y el 29 del mismo mes regresarán a la Consejería de Educación, a las 11:00. Esta huelga se mantendrá, advierten, "mientras no se le dé solución a esta situación".