El Sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba denuncia que la Delegación de Educación de la Junta en Córdoba está cubriendo las vacantes de personal laboral en los centros educativos a través de movilidades, de forma que, en vez de solucionar el problema, genera nuevos problemas de personal.

Esto es lo que ha ocurrido en la Escuela de Educación Infantil Parque Figueroa, en donde había tres vacantes de Técnico Superior de Educación Infantil (TSEI). "La Junta ha cubierto una de las vacantes del centro trasladando a un TSEI de la Escuela Infantil Virgen del Carmen de Villarrubia, en donde próximamente se producirá una jubilación, generando así un problema de falta de personal", explica la responsable de personal laboral de CCOO, Marina Alba.

Alba recuerda que CCOO viene denunciando desde hace mucho tiempo la falta de cobertura de las vacantes de personal laboral. En la actualidad, en Córdoba hay unas 155 vacantes sin cubrir, y dada las alturas del curso en las que nos encontramos, "mucho tememos que no se vayan a cubrir", lamenta Alba, quien recuerda que se trata de puestos "indispensables para el buen funcionamiento de los centros" ya que se trata no solo de los mencionados TSEI, sino también limpiadoras, Técnicos de Integración Social (PTIS), ordenanzas o personal de cocina.

"Esta situación supone un ataque a la escuela pública por cuanto supone una merma en la atención a los centros y a su alumnado, mayores cargas de trabajo, y aboca a una mayor privatización de servicios, como por ejemplo, la atención al alumnado con necesidades educativas especiales, la limpieza de los centros, la vigilancia, y los comedores escolares", insiste la responsable sindical.

Para la representante de CCOO, "en última instancia, se está provocando la pérdida de empleo público entre los profesionales de la educación que, junto con el profesorado, trabajan en las escuelas infantiles, colegios, institutos, residencias escolares, etc. de nuestra provincia, lo que redunda en la calidad del servicio público que en ellos se presta".

"Una calidad que no hace más que mermar", puntualiza, porque la Junta "pretende acabar con la categoría de educador, que viene desarrollando una labor educativa muy importante en los centros educativos, y equiparlos a la categoría de PTIS, con la pérdida de derechos que ello supondría para este colectivo, conformado en Córdoba por más de 25 personas".

"En definitiva, es un problema que cada día es más grave y que lo único que crear es malestar, precariedad y la privatización de muchos servicios", ha concluido Alba.