La sección de Educación del sindicato CCOO en Córdoba ha realizado una concentración ante la sede de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía para denunciar la situación del personal laboral público gestionado por el gobierno autonómico. Según ha manifestado la monitora del colegio Miralbaida, Olga Degayón, tres grupos están especialmente expuestos a la precariedad laboral y la externalización de los contratos: los monitores, el personal de integración social y los trabajadores del servicio de limpieza.

Sobre el primer grupo, Degayón ha indicado que "si ya existía explotación antes", la situación que se da tras la crisis sanitaria del coronavirus "se puede clasificar como intento de esclavitud". El colectivo se compone de 632 profesionales en toda Andalucía, el 90% de ellos mujeres, de los que "411 cubren 811 centros de trabajo; es decir, se están desdoblando". Además, la mayoría tienen un contrato que no alcanza las 20 horas semanales, lo que plantea "un desafío total para llegar a fin de mes".

La portavoz de CCOO Córdoba ha destacado que esta situación conlleva dificultades para cumplir con las medidas de seguridad e higiene, que requieren la desinfección de material y el control del mismo para que no sea un foco de contagio. En este sentido, también ha hecho hincapié en la continua exposición que tienen, al ser "la primera línea para presentar al resto de la comunidad educativa", algo similar "al personal administrativo".

Así, ha criticado que "la Junta se está ahorrando un dinero inmenso porque al final están desde que entra el primer profesor hasta que se va el último", excediendo su jornada laboral sin compensación económica alguna.

Por otra parte, ha destacado la situación de los trabajadores del servicio de limpieza. En este grupo se ha dado, según ha indicado Olga Degayón, una externalización de los contratos. "Hay alrededor de 500 vacantes que no han sido cubiertas", mientras que la Junta "ha realizado 1.500 contratos a limpiadoras de empresas privadas como apoyo contra el covid".

En este aspecto, la portavoz ha valorado que "una empresa privada busca el beneficio", mientras que los trabajadores públicos "están al servicio del ciudadano". A su vez, ha recordado que no se aprovecha la experiencia de los trabajadores del sector en los centros a lo largo de los años.

Por último ha apuntado que, en el caso del personal técnico de integración social se ha recurrido "a 152 personas de empresas externas", mientras que esas plazas "se podrían haber cubierto con trabajadores públicos". Por ello, ha solicitado a la Junta de Andalucía que "utilice a las personas que ya están en lo público, con un empleo de calidad y a tiempo completo".

Olga Degayón ha matizado que el problema existente "no es cuestión de dinero, sino de dar calidad y estabilidad", sobre todo de cara a garantizar "la seguridad de nuestros niños". A este respecto, ha indicado que antes del estado de alarma ya existía un compromiso y un presupuesto para reforzar la plantilla con trabajadores de la bolsa pública y que tendrían, como mínimo, jornadas de 20 horas semanales. Sin embargo, la portavoz ha advertido de que se trató de "una broma de mal gusto, un sueño que te apartan de la cara como si fuera una mosca".