La educación se ha convertido en moneda de cambio de la política española. Cada vez que a la Moncloa llega un nuevo presidente se elabora una ley de enseñanza. Una modificación que no tendría mayor problema si ésta antepusiera el consenso de los profesionales y dejara de lado los posicionamientos políticos. Sin embargo, las cuatro décadas de democracia de este país han demostrado lo contrario. El sesgo ideológico es la base de una normativa que se altera con demasiada frecuencia, lo que, además de provocar gran inestabilidad en colegios e institutos, en rara ocasión –el tiempo así lo ha constatado– logra que los datos educativos mejoren.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez no iba a ser menos. A mediados de otoño anunció una alteración de la polémica Lomce (denominada en su origen Ley Wert) que, en definitiva, supone otra reforma más (la tercera en 12 años). Aunque al darse a conocer su borrador la ministra del ramo, Isabel Celaá, prometió que buscaría el consenso con la comunidad educativa, el procedimiento para su aprobación ya ha comenzado. Entre las numerosas novedades que incluye, la de mayor repercusión y que más polémica ha generado, ha sido la que concierne al Bachillerato.

La junta de evaluación valorará si el alumno puede conseguir el título con un suspenso

La reforma contempla la posibilidad de cursar esta enseñanza posobligatoria en tres años (al poder matricularse sólo de las materias suspensas) y hasta de obtener la titulación con una asignatura no aprobada. Se trata, en suma, de diseñar la etapa educativa según los intereses y capacidades del alumno, una posibilidad bastante similar a la que se ofrece en las universidades.

Juanma Valero, que realiza las labores de orientador en Secundaria recuerda que la posibilidad de titular con una materia cateada ya se contempla en un real decreto aprobado el año pasado –con Rajoy aún en el Gobierno–, según el cual los estudiantes de la ESO pueden acabar esta formación obligatoria con evaluación negativa en dos materias (siempre que no sean de forma simultánea Lengua Castellana y Matemáticas) y con el visto bueno del equipo docente, aunque en realidad en la casi totalidad de los casos se aprueba al alumno diga lo que diga el profesorado. Por tanto, la nueva ley amplía esta alternativa a la etapa preuniversitaria.

Alumnos de Secundaria en una clase.

El orientador considera que, al tratarse de una enseñanza posobligatoria, “para la consecución del título deberían aprobarse todas las asignaturas” y añade que “una educación de calidad exige el esfuerzo del profesorado, pero también del propio alumnado”. En este punto coincide con las dos directoras de instituto consultadas por el Día de Córdoba. Uno de ellas es Inmaculada Troncoso, del IES Trassierra. La otra, Marisi López-Cózar, del IES Medina Azahara, ambos en la capital cordobesa.

Los tres alertan de que la posibilidad de titular con una asignatura suspensa provocaría que un alumno abandone prematuramente alguna materia, no lo ven como una medida que ayude a mejorar el sistema educativo y creen que fomenta “la cultura del descarte”, ya que el profesor se encontrará con estudiantes que ya han decidido que esa materia van a suspenderla y no van a trabajarla.

Troncoso, que además es la delegada en Córdoba de la Asociación de Directores de Institutos de Andalucía (Adián), señala que al tratarse de un borrador “todavía no lo hemos debatido a fondo” en el seno de la Adián y se ha dejado por ahora “en un segundo plano”, pero que su posición personal pasa por poner en cuestión la idoneidad de que el alumnado pueda titular Bachillerato con alguna asignatura suspensa. “Estamos preparando a los alumnos para la universidad y no es una enseñanza obligatoria, por lo que no tendría sentido”.

Añade que “una vez que tengas el título, nadie va a cuestionarse si se logró con un suspenso o no”, por lo que habría una situación “desigual” entre estudiantes que sí han superado todas las asignaturas. La directora recuerda que en la ESO sí se puede titular de esa forma y en determinados casos podría ser comprensible porque “es educación obligatoria y a veces hay que dar facilidades”. Para Troncoso, habría que prestar más atención en Bachillerato a otras cuestiones, como estudiar qué valor se da a cada titulación, si bien insiste en que se si llega a aplicar el borrador que maneja el Gobierno “no vamos a ayudar” al alumnado a que llegue mejor preparado a la universidad, que es una de las funciones que tiene el Bachillerato.

Un decreto de 2017 ya contempla obtener el título de la ESO con dos materias sin aprobar

El alumno que opte a la titulación con una asignatura suspensa ha de contar con el visto bueno de la junta de evaluación, que se encarga de valorar la trayectoria académica del estudiante y las competencias adquiridas. Valero, en este sentido, aboga por que sea “el propio equipo docente asesorado por el departamento de orientación el que valore la obtención del título”. Este especialista señala que la formación en dicha etapa debe ser “tanto en conocimientos como en habilidades”. “Tenemos que desarrollar su madurez personal y social. El alumnado debe saber que el esfuerzo tiene su recompensa. Si damos un título sin formación académica, se devaluará”, añade el orientador, quien subraya otro problema: “Los agravios comparativos que se generarán con los que aprueban todas las materias”.

En parecidos términos se expresa la directora del IES Medina Azahara, Marisi López-Cózar, para quien “titular en Bachillerato con una asignatura suspensa es fomentar la mediocridad”. Coincide con Troncoso en que “lo que hay que hacer es premiar el esfuerzo”, pero que si se invita al alumnado a que desde el inicio de curso deje ya aparcada una asignatura, “se le da una ventaja frente a quienes sí quieren adquirir esa formación”. López-Cózar apunta que “esa artimaña ya la estamos viendo en la ESO con estudiantes que saben que lograrán el título con dos suspensos, lo que provoca además una frustración en el profesorado innecesaria, ya que “nos encontramos con desinterés por parte de quienes adoptan esa postura”.

La responsable de Instituto Medina Azahara también se pregunta “cómo va a constar en el expediente de Bachillerato que esa alumna o alumno ha titulado con un suspenso, puesto que no debería ser igual que el de quienes sí hayan superado todas las pruebas”. Además, Marisi López-Cózar abre otro debate y apunta que “si eso se permite en Bachillerato, ¿qué será lo siguiente, que también se permita en los grados universitarios?”. A su juicio, las administraciones educativas deben fomentar la excelencia “y no la mediocridad”. También rechaza que en el caso de que un alumno decida “abandonar” una asignatura sea luego el equipo docente el que decida si titula o no, ya que en teoría eso ocurría en la ESO y ahora se ha llegado a que “titulan sí o sí porque así lo quiere Educación, diga lo que digan” los responsables del centro en el que esté matriculado.

Más allá de los cambios previstos en el Bachillerato y en otros ámbitos de la enseñanza, lo cierto es que la nueva ley ya está provocando más división que consenso. Y eso que la receta para mejorar el sistema la tienen muy clara los profesionales desde hace años, que plantean que reducir el fracaso y el abandono escolar no consiste tanto en bajar la exigencias académicas como en el aumento de la plantilla docente, la reducción de la ratio de alumnos por clase, la mejora formativa del profesorado, la disminución de la carga burocrática que sufren los profesionales de la enseñanza y la cobertura inmediata de las bajas. El obstáculo está en que todo ello requiere de una inversión económica que nadie hasta ahora quiere asumir.