Córdoba

El Ayuntamiento sancionará a quien incumpla el reglamento de los centros cívicos

  • El Pleno aprueba, con la abstención de PP, Cs y UCOR, modificar la normativa de participación ciudadana

Salvador Fuentes y Alba Doblas conversan en el Ayuntamiento.

Salvador Fuentes y Alba Doblas conversan en el Ayuntamiento. / El Día

En medio de toda la polémica por la cesión, o no, del Centro Cívico de Levante a la Hermandad de la O, el pleno municipal ha aprobado hoy la modificación inicial del reglamento de Participación Ciudadana, que regula el uso de estos espacios.

Esta modificación recoge una serie de cambios en este reglamento, entre los que se encuentra la inclusión de medidas sancionadoras si el uso que se da al centro cívico no es el adecuado. Así lo ha informado la delegada de Participación Ciudadana, Alba Doblas, quien ha explicado que esas sanciones irán desde multar a las entidades sin poder usar un centro cívico entre seis meses y dos años, hasta la prohibición completa por sanciones muy graves.

Entre otras novedades, este proyecto inicial recoge también la necesidad de definir los servicios básicos con los que deben contar los centros cívicos (incluido el personal) así como nuevas fórmulas de gestión de los mismos.

Este anteproyecto ha salido adelante con los votos a favor en Pleno de PSOE, IU y Ganemos y la abstención de PP, UCOR y Ciudadanos.

El PP critica las formas

El viceportavoz del PP en el Ayuntamiento, Salvador Fuentes, ha criticado que el anteproyecto del reglamento de Participación Ciudadana se ha hecho "de espaldas al pleno municipal".

Fuentes ha valorado que el proceso de creación de este documento sí ha sido "amplio y transparente", pero ha denunciado que se haya "despachado" en diez días cuando se lleva trabajando en el mismo dos años.

Para el viceportavoz popular, la nueva definición de usos deja la puerta abierta a que estos centros cívicos se conviertan "en sede" de partidos "de izquierda". Y es que en uno de sus puntos se apunta que las actividades organizadas por partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales "se autorizarán siempre que tengan carácter informativo y abierto a la ciudadanía".

Sin embargo, Fuentes ha reprochado que en el asunto religioso la definición sí sea más clara. En este caso, se expone que se excluyen actividades que "pretendan realizar actos litúrgicos, proselitismo o divulgación de un credo".

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