El reglamento de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) va a permitir regularizar miles de parcelaciones irregulares en Córdoba y supondrá un "punto y final" en la construcción de este tipo de edificaciones, en palabras del presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Salvador Fuentes, que ha detallado cómo afecta el documento a la ciudad y cómo se va a trabajar para, finalmente, dotar de servicios públicos a las viviendas que se puedan regularizar y buscar solución para las que son ilegales, dejando caer que "si tenemos que demoler, vamos a demoler". 

En la capital cordobesa existen parcelaciones construidas en zonas inundables, de riesgo de incendios forestales y en zonas protegidas por la Unesco, como la de Medina Azahara, unas viviendas "que son una amenaza y constituyen un problema" para la ciudad. El reglamente establece ahora dos tipos de suelo: el suelo urbano y el suelo rústico (que antes se denominaba no urbanizable), que además se divide en cuatro categorías: el especialmente protegido, donde se incluyen los bienes de interés cultural (el conjunto arqueológico) , el suelo preservado por riesgos naturales, como el de la ribera del río, el preservado por ordenación, como la Vega del Guadalquivir y la zona del río Guadajoz, y suelo rústico convencional como el de la Campiña. 

Así, el Ayuntamiento ha mantenido hasta ahora 33 reuniones y ha atendido a 38 comunidades de propietarios, mientras otras 20 quedan pendientes para el diagnóstico de su situación particular, según han explicado el gerente de la GMU, Luis Valdelomar, acompañado del jefe de la oficina de ordenación del territorio, José Tomás Valverde. En ellas se dan tres circunstancias: una se trata de las que están construidas en suelo no urbanizable (rústico, ahora) y que antes tenían vetada cualquier posibilidad de regularización y de contar con servicios. Las parcelaciones que están en suelo urbanizable tienen dos vías para transitar: seguir el proceso para transformarse en suelo urbano o  tramitar los planes especiales de la figura de Asimilado a Fuera de Ordenación (AFO). 

El AFO se aplicará "a cualquier clase de suelo y edificación existente", ha explicado el presidente de la GMU, haciendo alusión a las parcelaciones incorporadas al Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba (PGOU), las clasificadas, y las no incorporadas a dicho plan. Ahora, entidades privadas podrán verificar licencias o inspecciones técnicas, lo que agilizará muchos de los trámites. 

Parcelaciones irregulares en Córdoba

Aunque el año pasado se dio la cifra de unas 11.000 parcelaciones en Córdoba que se podrían ver beneficiadas por la nueva ley, afectando a unas 50.000 personas, Salvador Fuentes ha insistido en la necesidad de revisar caso por caso, que en la ciudad algunos son muy complejos y ha avanzado que "no se podrán legalizar", como los inmuebles construidas en zonas inundables o de incendios, mientras otros van bastante adelantados.  

El acceso a los servicios como electricidad, agua y saneamiento es lo más demandado por los vecinos que, ahora, a través de la figura de un plan especial de adecuación ambiental y territorial, podrían impulsar proyectos de infraestructuras comunes de servicios básicos. De hecho, Fuentes ha asegurado que se contempla la posibilidad de ejecutar infraestructuras provisionales antes de estar acabada la urbanización para abastecer de esos servicios a los habitantes. 

El reglamento que se ha aprobado concreta "las condiciones que dan lugar a la formación de nuevos núcleos de población y los parámetros que posibilitan la implantación de viviendas unifamiliares" y permite "atender con agilidad las necesidades de transformación en las ciudades y de desarrollo de nuevos crecimientos". Es decir, servirá de marco jurídico para "actualizar, modernizar y simplificar" unos problemas que Córdoba viene arrastrando desde hace años. 

Fuentes ha puesto de manifiesto los aspectos "clave" que permitirán agilizar esos trámites, como la creación de las Entidades Urbanísticas Certificadoras, unas entidades "podrán colaborar con las administraciones locales en la labor de verificación y control, tramitar las licencias, declaraciones responsables o inspecciones técnicas con mayor agilidad". También incorpora la figura del agente urbanizador como mecanismo de colaboración público-privada y de los instrumentos de gestión en el suelo urbano.

Fuentes ha defendido que en la ciudad "queda mucho suelo por urbanizar", en Poniente hay suelo para 6.000 viviendas, mientras en la zona del aeropuerto y en Levante se podrían construir otras 6.000.