Ausbanc reclama un sistema financiero eficaz en su declaración de derechos

La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) celebró ayer una mesa redonda con motivo de la Declaración Universal de los derechos de estos usuarios, un documento que ha sido elaborado por el propio colectivo y al que se ha adherido el Ayuntamiento de Córdoba. En el debate participaron, entre otros, el presidente de la Audiencia Provincial, Eduardo Baena, y el presidente de Ausbanc, Luis Pineda quien dijo que la declaración es una "muestra de buena voluntad" que los banqueros deben acoger como "documento de cabecera", ya que la sociedad precisa de un sistema financiero "eficaz, previsible, eficiente y confiable". Pineda, que destacó la "firmeza" con la que el Ayuntamiento de Córdoba se ha adherido al documento, recordó que el epicentro de la crisis económica ha sido el sistema financiero, por lo que dio un toque de atención a los empresarios.

En el encuentro, celebrado en el hotel AC Córdoba Palacio, también participó el catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba, Ignacio Gallego, y estuvo moderado por el delegado de Ausbanc en Córdoba, Álvaro González-Astolfi. La declaración, que consta de 29 consideraciones, 2 títulos y 54 artículos, aborda temas como la libre competencia, la libertad de contratación, la no discriminación de los usuarios, el desarrollo de la legislación financiera o el derecho a la información de los clientes, entre otros aspectos. Se trata de un documen to que pretende "preservar y garantizar" los derechos ciudadanos ante los "posibles abusos" de las entidades financieras.

Por su parte el alcalde, Andrés Ocaña, consideró tras el encuentro mantenido con Pineda por la mañana, que dicha declaración es "oportuna" en estos momentos de crisis económica para que la situación "no sea aprovechada para imponer una serie de condiciones lesivas hacia la ciudadanía". El regidor también felicitó la asociación por la iniciativa y recordó que el Ayuntamiento confirmó la declaración en un acuerdo plenario adoptado por unanimidad en 2007.

Finalmente, Ocaña destacó que la declaración ya cuenta con la adhesión de diferentes países y ayuntamientos y permitirá que la sociedad "se mentalice y se sensibilice sobre las medidas contra los abusos que se puedan desarrollar desde el sistema hacia los usuarios".