El activista de la plataforma A Desalambrar de Córdoba y coordinador de la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos, Manuel Trujillo, ha sido finalmente condenado al pago de una multa por un delito leve de daños por cortar el alambre que impedía el paso por el camino público de El Bañuelo, en la Sierra. Trujillo fue absuelto en primera instancia, pero finalmente la Sección Segunda de la Audiencia de Córdoba ha revocado el fallo.

En la nueva resolución, el tribunal ordena a Trujillo que indemnice al propietario de la finca que cerró el camino con 221,36 euros; además, lo condena al pago de una multa de un mes con una cuota diaria de diez euros.

Los hechos se remontaban a abril de 2021, cuando tuvo lugar en Córdoba una marcha reivindicativa para denunciar que el camino público de El Bañuelo había sido cerrado al paso con una cancela y un candado por el propietario de la finca que atraviesa. En aquella marcha, Trujillo cortó unos alambres de espino como "gesto simbólico" contra el cierre del camino público, según expuso. 

Aquel día, la marcha reivindicativa contó con la presencia de medios de comunicación para difundir la protesta por el cierre del camino público de El Bañuelo. Y precisamente son las imágenes tomadas por los medios en la que se ve al activista cortando los alambres de espino la principal prueba que esgrimía la propiedad de la finca como acusación. Mientras, la defensa siempre ha argumentado que se trataba de un gesto simbólico y que la protesta iba dirigida principalmente hacia el Ayuntamiento de Córdoba, como administración que debe velar por que se garantice el tránsito por los caminos públicos del municipio.

La Audiencia censura que la conducta de Trujillo "se enmarca en esa tendencia muy de nuestra sociedad en que, considerándose alguien investido de la razón absoluta, no conoce en su imposición otro límite que su propia voluntad, observando el nada democrático comportamiento de acudir a las vías de hecho en lugar de utilizar las judiciales cuyo acceso se erigen en nuestro sistema constitucional como un derecho fundamental".

"Total apoyo" de IU

Tras conocerse la sentencia, la Red de Medio Ambiente de IU Córdoba y la dirección provincial han manifestado su “total y absoluto apoyo” a Trujillo. El responsable de la Red, Juan Felipe Flores, ha lamentado que activistas y plataformas como A Desalambrar estén “pagando las consecuencias de la inacción de las administraciones públicas que deberían garantizar el uso y disfrute de los caminos públicos por parte de la ciudadanía”.

En este sentido, ha defendido que “en la primera fase del juicio quedó probado que la intención de Trujillo no era la de causar daño a una propiedad privada, sino que la acción pretendía llamar la atención sobre la injusticia que representa que un camino público como el del Bañuelo se encuentre cerrado por decisión exclusiva de un particular y sobre la necesidad de que la autoridad competente, en este caso el Ayuntamiento de Córdoba, actuara para evitar este agravio y recuperar esta vía para el uso ciudadano y el libre tránsito”.

Por todo ello, desde IU Córdoba han mostrado su solidaridad con Trujillo y con la Plataforma A Desalambrar, y ha reiterado su exigencia de que “todo patrimonio público, empezando por el natural y medioambiental, se garantice para el disfrute de la ciudadanía”. Para ello, “son las administraciones públicas las que deben velar por este derecho”, y las consecuencias de esta inacción son “situaciones como la que están viviendo este activista y organizaciones como A Desalambrar que llevan años peleando contra injusticias ante las que el Ayuntamiento de Córdoba o la Junta de Andalucía han mirado sistemáticamente hacia otro lado”.