Apdh alerta de la falta de viviendas sociales y reclama un plan de inclusión municipal

La situación de desigualdad no mejora en Córdoba. Es la conclusión general del informe sobre la situación de los derechos humanos en la provincia elaborado por Apdh y que viene a decir que existen aún muchas carencias entre la población más desprotegida y que son necesarias más acciones por parte de las administraciones para corregir esa realidad. Dos de esas demandas son, por un lado, la necesidad de un plan de integración de ámbito municipal en la ciudad de Córdoba, y por otro, la falta de viviendas sociales para estos sectores de la población. Así lo dijo ayer uno de los responsables de la organización, Carlos Arce, durante la presentación del estudio, una comparecencia en la que reclamó más acción por parte del Ayuntamiento de la capital.

Así, Arce recordó que el Consistorio ya anunció a lo largo de este año un plan de inclusión, del que "nada se ha hecho", por lo que la reivindicación de Apdh sigue siendo su puesta en marcha. El dirigente añadió que el nuevo gobierno local de PSOE e IU lo que ha puesto en funcionamiento es un programa de emergencia "que está muy bien", pero que consideran que "es insuficiente". Para Arce, ese plan que echa en falta por parte del Ayuntamiento de Córdoba debe tener como ejes la vivienda, el empleo y la educación, de manera que se construyan viviendas sociales y se propicie el derecho de uso por encima del de propiedad, toda vez que "el modelo de VPO ha fracasado". En cuanto al empleo, Apdh reclama que el plan de inclusión recoja medidas que fomenten la contratación, como que las empresas que concursen con la administración tengan cláusulas de inclusión y las bolsas de empleo públicos reserven plazas para personas en riesgo de exclusión. En educación, "lo prioritario" debe ser "el combate radical" contra el absentismo escolar. Además, Carlos Arce incidió en que las medidas de municipales actuales de "café y calor" para las personas sin hogar son escasas "y desde hace ya tiempo se necesitan recursos especializados y atención psiquiátrica y psicológica para estas personas sin techo.

El delegado de la Asociación Pro Derechos Humanos fue más allá y exigió una "revisión de arriba a abajo" de los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento, de manera que "dejen de ser un parachoques del sistema". Así, criticó que "los educadores de calle no pueden estar en los despachos rellenando formularios y denegando prestaciones", sino que deberían "estar en la calle haciendo su trabajo".

Para la entidad humanitaria, no es de recibo que "llevemos 15 años" sin que se construyan viviendas sociales en la capital y en la provincia, lo que en su opinión frena la integración, todo ello "mientras la Sareb cuenta con un amplio parque de viviendas" que se debería destinar a esos fines.

En su informe anual, Apdh volvió a insistir en la situación de la población romá (rumanos y húngaros de etnia gitana), principalmente en materia educativa, ya que los índices de absentismo son muy altos. Así, Arce indicó que sólo el 15% del alumnado de la población romá está cursando la ESO y que no llega al 3% los matriculados en tercero y cuarto de la ESO.

Apdh recordó que la población romá en Córdoba está integrada por unas 400 personas, que el 30% lleva más de una década en Córdoba y que suelen vivir en campamentos a las fueras, además de los problemas que arrastran para empadronarse, por ejemplo.

De otro lado, el informe anual hace referencia además a la necesidad de una mayor atención a las personas reclusas en la cárcel de Alcolea, principalmente en materia sanitaria, y hacia las personas -sobre todo mujeres- que ejercen la prostitución, ya que no pueden muchas de ellas regularizar su situación, ya que la mayoría son extranjeras.