Dicho y hecho. La alcaldesa, Isabel Ambrosio, mantuvo ayer la reunión que anunció el lunes con el presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz, para tratar la nueva ordenanza que desde el Ayuntamiento quieren impulsar para agilizar los trámites en la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU). Ambrosio ha querido así tomar la iniciativa en un asunto que acumula muchas críticas desde hace tiempo por parte de varios colectivos, sobre todo arquitectos y constructores, que han llegado a acusar a Urbanismo de ir contra el crecimientos económico. Los retrasos en la Gerencia -algunos asuntos se demoran hasta un año y medio- han provocado incluso la pérdida de inversiones y desde Alcaldía se ha tomado la iniciativa en lo que se interpreta como todo un desafío al presidente de Urbanismo, su socio de gobierno y número dos de la corporación: Pedro García. Y lo es porque en ningún momento se ha contado con García ni con nadie de IU para este cometido y porque, además, desde Urbanismo ya se había encargado una ordenanza que se estaba elaborando desde un gabinete jurídico y que, según se dijo ayer en el consejo rector de la Gerencia, ya existe un primer documento. El enfado del primer teniente de alcalde es considerable, como ya dejó entrever el lunes con un duro comunicado acusando a la regidora de electoralista.

No es de extrañar que desde Alcaldía no anunciaran este acto en la agenda de Ambrosio ni se convocara a los medios. Últimamente, pese al compromiso de transparencia, cada vez son más habituales las informaciones de la alcaldesa a través de notas con mensajes dirigidos y sin posibilidad, por tanto, de preguntar. Eso es precisamente lo que se buscaba ayer, ya que la puesta en escena iba contra el célebre mensaje de que el cogobierno es una "piña".

A grandes rasgos -porque desde el Ayuntamiento no se ha querido facilitar el borrador de ordenanza-, el documento es un punto de partida que se quiere enriquecer tanto con los empresarios -de lo que se encargará CECO- como con los distintos colegios profesionales, con quienes trabajará el Ayuntamiento. Según la información facilitada por el Consistorio, el proyecto de ordenanza tiene el objetivo de reducir los trámites urbanísticos y la consecución de licencias, algo que podría disminuir entre 20 días y tres meses.

En la nota se asegura que la propuesta de ordenanza distingue entre actividades en las que es obligatoria la licencia, actividades sujetas a declaración responsable y las actuaciones sometidas a comunicación previa y se basa en la generalización del régimen de declaración responsable, que debe ampliar también la figura del requerimiento de adaptación del proyecto para subsanar las deficiencias detectadas con anterioridad a la imposición de sanciones u otros procedimientos coercitivos de paralización.

El procedimiento también se sustenta en la aplicación del silencio positivo, como norma general y, según sea el destinatario de la información, en que la conformación completa del proyecto por parte del operador privado sea suficiente, en principio, para el inicio de actividad. La administración competente se reservaría las facultades de control, inspección y sanción, en su caso, durante la puesta en marcha del proyecto, consignándose las debidas garantías indemnizatorias y de demolición, en su caso, en el supuesto de incumplimiento del proyecto. Se garantiza así, según el texto, por un lado, la seguridad jurídica de las actuaciones y, por otro, la "máxima agilización posible que permite nuestro ordenamiento jurídico".

El documento establece la figura de un procedimiento exprés para aquellos proyectos que sean de interés público, bien por el volumen de inversión, bien por el volumen de empleos creados. Para ello se proponen dos figuras: la licencia condicionada y la licencia por comparecencia.

Con la anterior propuesta de contenido se lograría el resultado de poder poner en marcha una actividad en Córdoba en un plazo de tres meses como máximo, salvo aquellas sujetas a licencia de actividad, en los nueve supuestos concretos relacionados, que exigen mayores garantías para el interés público, por lo que podría iniciarse la ejecución de obras, en un plazo de entre 20 días y tres meses, según la envergadura y complejidad del proyecto.

Las actividades para la que sí es exigible licencia, son las relativas a centros sanitarios que incluyan hospitalización, o tengan superficie útil destinada a la actividad superior a 750 metros cuadrados; aquellas paras las que se exige de Impacto sobre la Salud, cuya evaluación no pueda hacerse mediante declaración responsable; nuevas actividad en centros educativos destinados a enseñanzas regladas en una superficie construida superior a 750 metros cuadrados; centros de educación infantil con independencia de su superficie; espectáculos públicos; las que requieran de autorización ambiental u otros permisos especiales; aquellas para las cuales sea exigible licencia por una norma con rango de Ley o las que supongan intervención o afecten al patrimonio o espacios protegidos ambientalmente.