Los presidentes de la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara y del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), Antonio Toledano y Juan Andrés de Gracia, respectivamente, encabezaron la noche de ayer el primer encuentro con responsables vecinales y de colectivos y mancomunidades afectadas por la conflictiva figura urbanística de las zonas privadas de uso público, causantes de graves problemas de mantenimiento en espacios de la ciudad para una población estimada de 50.000 residentes en una docena de barrios cordobeses.

La reunión, celebrada en la Biblioteca Central, es la primera de una serie prevista y fue el primer paso desde la ciudadanía para organizarse eficazmente después de que el Ayuntamiento se ofreciera a asumir el mantenimiento (alumbrado, acerado y pavimento, mobiliario urbano, jardines y arbolados y limpieza, todo a la vez o en parte, según los casos) mediante convenios específicos con las mancomunidades afectadas.

Al respecto, los dos responsables del movimiento ciudadano recordaron que la propuesta municipal puede dar respuesta a una reivindicación señera del vecindario de numerosos barrios desde hace tres décadas. Así quedó patente en la reunión en donde desde problemas generales de las zonas privadas de uso público se pasó cuestiones tan específicas como la accesibilidad y la instalación de rampas, la firma ante notario para materializar los acuerdos, el alcance y la variedad de los servicios que se podrían obtener, etcétera.Toledano y De Gracia instaron a las asociaciones vecinales de cada barrio (Al-Zahara agrupa a un centenar de colectivos de todo el municipio) a “la gestión, el seguimiento, impulso e interlocución entre las mancomunidades y el Ayuntamiento” de los diferentes acuerdos, que aún están por definir en detalle y que se ajustarían a las necesidades y características de cada zona de la ciudad, ya que en cada los problemas son específicos.

En este proceso propuesto, las mancomunidades serían las que cediese el mantenimiento de sus espacios públicos (nunca ni la titularidad ni el uso) actuando las asociaciones de vecinales como coordinadoras y mediadoras, pero sin figurar como actor legal. La propuesta municipal incluso está abierta a ayudar a las comunidades si éstas deciden afrontar el mantenimiento directamente a través de iniciativas de autoempleo solidarias con determinadas características.

Por su parte, y es otra fórmula, la veterana Asociación de Vecinos El Parque (Parque Figueroa) adelantó en la reunión que en su barrio se propondrá otro sistema: que las mancomunidades firmen un poder notarial con el que sea el propio colectivo vecinal para facultarlo legalmente en ese convenio con el Ayuntamiento.

Por otra parte, explicaron los responsables ciudadanos, las comunidades y mancomunidades vecinales que no lleguen a acuerdos con el Ayuntamiento para el mantenimiento total o parcial de sus zonas privadas de uso público seguirán contando con Al-Zahara y el CMC para reivindicar soluciones bajo otras fórmulas o buscando intervenciones puntuales, sin darle la espaldas a un problema que supone un agravio comparativo ya que al vecindario afectado “le cuesta el mismo dinero que al resto mantener la ciudad y, encima, tiene que poner más para esas zonas comunitarias que al final usa todo el mundo”, resume De Gracia.

Capítulo aparte, la reunión sirvió también para avanzar en cómo se puede aplicar la Inspección Técnica de Edificios (ITEs) tras la entrada en vigor de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), que regula este proceso ya a nivel regional, así como las ayudas a las que puede acceder el vecindario.