El Aeropuerto cierra la pista durante un mes para las obras de ampliación

2.050

Las obras para la ampliación del campo de vuelo del Aeropuerto han entrado en su recta final. La pista y dos calles de rodaje de la instalación aeroportuaria permanecerán cerradas hasta el próximo 9 de septiembre, cuando Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) prevé que hayan finalizado las actuaciones para que el aeródromo cordobés cuente con una pista apta para vuelos comerciales regulares. Fuentes de la entidad dependiente del Ministerio de Fomento concretaron ayer que la instalación no puede acoger ningún tipo de vuelos desde el pasado viernes, lo que ha obligado a derivar a otras instalaciones las emergencias por trasplantes de órganos o los vuelos agrícolas.

El consejo de administración de AENA finalizó en enero del año pasado el primer gran contrato de obras relativo a la remodelación del vetusto aeropuerto cordobés para convertirlo en una instalación homologable a las normas y usos del sector de la aviación civil. La entidad encargó a Ploder Uicesa la ampliación de la pista de aterrizaje por un importe de 21 millones de euros y un plazo de ejecución de 19 meses, con la finalidad de que la pista de aterrizaje pase de 1.300 metros de longitud a 2.050, una extensión suficiente que permitirá una actividad regular con vuelos a Europa.

La reforma del Aeropuerto de Córdoba lleva años en la agenda política y dista aún mucho de su finalización, pues todavía está pendiente la construcción de la nueva torre de control y la terminal. En diciembre de 2007, AENA inició la licitación con la apertura del proceso de recogida de ofertas. En el mes de marzo de 2008, cinco días antes de las elecciones generales en las que venció el PSOE por segunda vez consecutiva, se anunciaba extraoficialmente que la empresa elegida era Ploder-Uicesa.

Tal era el ritmo que se quería imprimir al proceso que se levantaron grandes expectativas, fundamentalmente desde la Subdelegación del Gobierno. Pero el inicio de la intervención tuvo que aguardar debido a que hacía falta un permiso clave: el informe de impacto ambiental, que el Ministerio de Medio Ambiente publicó a principios de enero de 2009. El documento señalaba como elemento más polémico la invasión de la zona protegida de la ribera del Guadalquivir, que se solventó mediante una medida compensatoria: la reforestación de otro espacio en el cauce.

Las obras no han estado exentas de polémica desde el principio. El primer escollo fue la expropiación de las parcelas, una macrooperación promovida entre el Ayuntamiento y AENA que se saldó con 188 vecinos afectados debido a la cercanía de sus viviendas con la nueva pista. La crisis económica también ha dejado con fuerza su impronta en la intervención, hasta el punto de que las obras se mantuvieron tres semanas detenidas debido a un parón laboral de las empresas subcontratadas por Ploder-Uicesa, firma que entró en concurso de acreedores al acumular una deuda estimada en unos 300 millones de euros.