Los colegios profesionales de Abogados y Procuradores ya han recibido de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública los 662.086,56 euros correspondientes al pago de la asistencia jurídica gratuita prestada por estos profesionales en Córdoba durante el tercer trimestre. El abono se ha realizado en menos de 15 días hábiles desde que las certificaciones fueron entregadas a la Junta, trámite para el que los colegios han contado con todo el mes de octubre.

Del total, la mayor parte, 602.832,04 euros, es para sufragar la prestación realizada por los letrados. En concreto, al Colegio de Abogados de Córdoba se destinan 540.936,44 euros (335.998,44 euros por la asistencia de sus profesionales en el turno de oficio y 204.938 euros por las guardias). El de Lucena recibe 61.894,6 euros (32.472,60 euros para sufragar los servicios prestados en el turno de oficio y 29.422 euros por las guardias).

Por su parte, los procuradores reciben un total de 59.254,52 euros, correspondientes al turno de oficio. Además, la Junta también abona los gastos de funcionamiento de los colegios profesionales.

Las retribuciones por las guardias se incrementaron a principios de año entre un 20 y un 60% tras la entrada en vigor de la nueva orden reguladora de las mismas, aprobada el año pasado y aplicada desde enero. Igualmente, se han aumentado las guardias autorizadas a los colegios de abogados, especialmente para el turno de violencia de género.

Las cuantías que reciben los profesionales por el turno de oficio también han sido incrementadas en un 4% mientras se elaboraba la nueva orden de módulos y bases que actualizará estas cuantías, que están congeladas desde 2009. El texto, acordado con los colegios profesionales, ha sido aprobado recientemente y se aplicará a los servicios que presten los profesionales a partir del 1 de enero de 2024.

“Era una deuda pendiente con los abogados y los procuradores que prestan servicio en el sistema de Justicia Gratuita, cuya labor es clave para ofrecer una asistencia jurídica a todos los cordobeses independientemente de sus recursos económicos”, ha defendido este martes la delegada territorial de Justicia, Raquel López.

La pasada legislatura, la Consejería de Justicia ya realizó cambios en la fórmula de pago para agilizarla. Hasta entonces todos los abogados y procuradores debían esperar hasta que se subsanaran los requerimientos a las certificaciones que presentaban alguna deficiencia para poder cobrar.

Ahora, se pagan en un primer plazo todas las certificaciones correctas, “que son la mayoría”, y en un segundo plazo aquellas que tienen que corregir algo en la documentación. Ello permite que los Consejos andaluces de Colegios de Abogados y Procuradores reciban el grueso del dinero en apenas dos semanas desde que presentan las certificaciones de cada trimestre (tienen de plazo un mes).