La Abogacía de Córdoba se adhiere al Registro de Impagados Judiciales

El Colegio de Abogados de Córdoba ha suscrito un convenio de colaboración con el Registro de Impagados Judiciales (RIJ), el primer y único fichero de morosidad de solvencia negativa basado en resoluciones judiciales firmes, impulsado por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), en colaboración con Informa D&B y la multinacional de negocio everis.

El registro es un fichero de morosidad judicial, pionero en España, que permite recoger información y reclamar deudas líquidas, vencidas, exigibles y reconocidas mediante una resolución judicial firme, aportada por abogados y abogadas, previa información a sus clientes y en defensa de sus derechos de cobro.

Con esta herramienta de trabajo, la Abogacía española pone al alcance de los despachos un sistema de recobro y consulta de deuda con el principal cometido de ofrecer una solución innovadora a los problemas de los abogados y de sus clientes, adaptada a las nuevas demandas de la sociedad digital.

Por ello, nace con la intención de contribuir a favorecer el derecho a la tutela judicial efectiva y a que se cumplan las sentencias firmes. Ello es posible al hacer visible deuda que hasta su creación se gestionaba de forma silenciosa en los despachos y que ahora es pública tras su inclusión en el fichero RIJ y su difusión al sistema financiero y empresarial español a través de Informa D&B y Experian.

El citado fichero, según ha informado el Colegio de Abogados de Córdoba, contribuye a optimizar y complementar las gestiones de cobro de los abogados poniendo a su servicio innovación tecnológica y también permite acabar con las infructuosas ejecuciones de sentencia.

Como ejemplo de su utilidad, pueden reclamar o consultar impagos de las pensiones de alimentos, deudas entre particulares, incumplimientos en contratos de alquiler o de compraventa de mercancías, incluso la morosidad de instituciones condenadas a pagar por sentencia firme, entre otras deudas.

Además de ofrecer soluciones digitales para sus clientes, entre sus funcionalidades los propios abogados pueden también reclamar sus minutas impagadas y consultar posibles clientes morosos, lo que favorece una mayor solvencia en la contratación.

Todo ello cumpliendo con la normativa en materia de Protección de Datos, la Ley de Protección del Derecho al Honor y el Código Deontológico de la Abogacía, garantizando la seguridad jurídica.

La empresa que se encarga de gestionar el registro es Desarrollo de Aplicaciones Jurídicas SL (DAJ), constituida por la sociedad Infraestructura Tecnológica de la Abogacía Española Red Abogacía y la mercantil Inversiones Colectivas en Red, S.L (ICIRED), con Informa D&B y everis como socios de este proyecto.