La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha convocado para este jueves una movilización en distintas provincias andaluzas, entre ellas Córdoba, para denunciar el abandono que sufre la población excluida y el colapso de los servicios sociales. La organización exige a las administraciones públicas que se fortalezca del estado del bienestar ante el recrudecimiento de la pobreza con programas sociales, que "además de a lo paliativo, vayan a las causas de la exclusión".

Para la organización, "no es admisible por más tiempo la situación de colapso y la falta de accesibilidad a los servicios básicos". En algunas ciudades, Apdha ha denunciado en varias ocasiones desde el inicio de la pandemia que "todas las Administraciones, y también los Servicios Sociales, han obligado a la población a ser atendida vía telefónica y telemática". La atención presencial con cita previa "se ha dado en muy contadas ocasiones2, indican.

"Nos consta que todos estos medios han demostrado su mal funcionamiento; han estado colapsados, inoperantes, con falta de personal y de otros elementos necesarios", aseveran desde la organización. Las personas que en muchas ocasiones se han visto en situaciones de emergencia por la carencia de necesidades básicas han sufrido "grandes esperas, colas interminables y demoras para ser atendidas, derivándolas en muchas ocasiones hacia servicios externalizados y privatizados".

Por eso, se revela como esencial "disponer de unos presupuestos suficientes para atender las necesidades sociales existentes, que permitan contar con personal estable para unos servicios sociales públicos, universales y de calidad rompiendo con la tendencia privatizadora impuesta actualmente, recuperando con ello la atención presencial plena".

La asociación explica que las personas que requieren gran parte de estos servicios sufren una doble exclusión: no tener los medios necesarios para poder vivir con dignidad y quedarse excluidas por la brecha digital y la desatención presencial. Desde la organización, recuerdan que la razón de ser de las administraciones públicas es "aportar los servicios necesarios para las personas, especialmente, la atención y el cuidado de aquellas más vulnerables y empobrecidas; lo demás debe subordinarse a esto".

La Apdha denuncia que la mayoría de las ayudas sociales anunciadas "se quedan en simple propaganda, que no terminan de llegar a las personas, a pesar de las urgentes necesidades existentes entre los sectores de población más vulnerables y empobrecidos".

Constatan que la Junta de Andalucía "no está ejecutando las medidas necesarias y de urgencia que se precisan" y que, por ejemplo, "las familias solicitantes de la Renta Mínima de Inserción, última ayuda social que se puede solicitar cuando no tienes nada, llevan en muchas ocasiones una demora de hasta 18 meses en ser resueltas".

Por otra parte, aseguran, el Gobierno central ha creado el Ingreso Mínimo Vital, que "generó muchas expectativas, pero en la práctica solo está llegando a un número muy reducido de las personas excluidas".

La organización considera que el derecho humano a la protección social, consagrado en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, "es una quimera para la mayoría de las personas que lo necesitan y malviven en el más absoluto desamparo; son personas privadas de derechos sociales y económicos, personas a las que se les niega una protección social mínima para cubrir sus necesidades básicas".

La pobreza en Andalucía

El llamado "estado de bienestar que, estiman, nunca llegó a ser tal por la falta de recursos y voluntad política, entró en un período de deterioro a partir la que califican como crisis-estafa de 2008", recuerda Apdha. y "con unos servicios públicos para nada dimensionados con las necesidades de la población andaluza se llegó a la pandemia".

A su juicio, las necesidades se incrementaron y se dejó a la mayoría de las personas "a su suerte y con poca respuesta de las administraciones". Sin embargo, "la sociedad se organizó y a través del apoyo mutuo, muchas familias pudieron salir de una situación dramática", relatan desde la organización.

Los indicadores que hacen referencia a la pobreza y la exclusión en Andalucía no dejan de crecer. Así se observa en el informe Urban Audit 2021, publicado recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que refleja que en Andalucía están 13 de los 15 municipios con menor renta neta media anual per cápita y 12 de los 15 barrios más pobres de toda España. Cinco de ellos están en Córdoba.

También la semana pasada, el Consejo General del Poder Judicial publicó datos dicen que en Andalucía, en el primer trimestre del año 2021, se han llevado a cabo una media de 18,72 lanzamientos habitacionales diarios (el 66% por impago de alquiler), pese a las medidas especiales adoptadas durante la pandemia, "una realidad a todas luces injusta e inaceptable".

Esta situación, apuntan, "pone en evidencia la urgente necesidad de disponer de un parque público de viviendas sociales en alquiler para atender a las personas más vulnerables y necesitadas, y de una Ley de Vivienda que castigue las propiedades inmovilizadas y garantice precios accesibles de alquiler".

Para la organización, es urgente poner en marcha la Renta Básica Universal, que acabaría con muchas de las situaciones de pobreza, y considera que "es posible ponerla en funcionamiento de forma simple y eficaz, ayudando a descongestionar los Servicios Sociales y poniendo en valor su verdadera función".