Juicio de los ERE

El ex viceconsejero de Economía desconoce por qué no se aprobó el decreto para regular las ayudas

  • Destaca que para sacar adelante las modificaciones presupuestarias “siempre” era necesario contar con el informe “favorable” de la Intervención

José Salgueiro.

José Salgueiro. / G.J.

El ex viceconsejero de Economía de la Junta José Salgueiro ha asegurado este lunes en su declaración en el juicio de los ERE que desconoce por qué no se aprobó el decreto para regular las ayudas, cuya propuesta ha reconocido que se debatió en varias sesiones de la Comisión General de Viceconsejeros de la Junta, denominada popularmente como los “consejillos”.El ex viceconsejero de Economía de la Junta José Salgueiro ha asegurado este lunes en su declaración en el juicio de los ERE que desconoce por qué no se aprobó el decreto para regular las ayudas, cuya propuesta ha reconocido que se debatió en varias sesiones de la Comisión General de Viceconsejeros de la Junta, denominada popularmente como los “consejillos”.

En su declaración en la decimotercera sesión del juicio, José Salgueiro, que fue viceconsejero entre 1990 y 2004 –ocupó el cargo de consejero además dos meses entre febrero y abril de 2004, y luego fue presidente de Renfe-, ha reconocido que a los consejillos llegó una propuesta de decreto –elevada por el viceconsejero de Empleo Antonio Fernández en diciembre del año 2000- para regular la concesión de las ayudas. De esa propuesta se dio traslado a todos los centros directivos, según ha dicho, y la Intervención General de la Junta emitió un informe que también fue elevado a la Comisión General de Viceconsejeros.

En los consejillos, la propuesta se debatió durante “dos o tres sesiones” pero al final no salió adelante. “No tengo ni idea de por qué no se aprobó”,  ha afirmado el ex viceconsejero.

De otro lado, este ex alto cargo también se ha referido, a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, a las modificaciones presupuestarias para afirmar que éstas “siempre” necesitaban el informe favorable de la Intervención, dado que se trata de un procedimiento que está “muy reglado”, si bien ha dicho que él no tenía competencia ni participación en las modificaciones presupuestarias.

Sobre las transferencias de financiación al IFA/IDEA, Salgueiro ha señalado que éstas “siempre han sido el instrumento para hacer llegar los recursos de una consejería a una empresa pública”. Al inicio de la sesión de tarde, donde ha continuado su declaración, Salgueiro ha precisado que "nunca" tuvo conocimiento del supuesto uso inadecuado de las transferencias, ni a través de los informes de la Cámara de Cuentas ni de la propia Intervención, porque "nunca" habló de esos asuntos con la Intervención de la Junta.

Salgueiro ha añadido que no tuvo conocimiento de los numerosos reparos de la Intervención realizados en relación con el pago de las ayudas, ya que, según ha dicho, sólo llegó a la Consejería de Economía el informe de cumplimiento de los años 2001 y 2002. "El interventor no observaba menoscabo de fondos públicos y si no hay informe de actuación" es porque a su juicio la Consejería se amoldaría a la petición realizada por la Intervención. En cualquier caso, ha negado que con el uso de las transferencias se pretendiera soslayar o eludir la fiscalización previa.

En cuanto a la cuestionada partida presupuestaria 31L, con la que se pagaban las ayudas bajo sospecha, el ex alto cargo ha indicado que la funcionalidad de esta partida “estaba determinado por el programa y era para el pago de ayudas sociolaborales”, ha destacado.

Salgueiro también ha señalado que ningún responsable de la Consejería de Empleo le comentó que la Intervención había “bloqueado” el pago de las ayudas a los trabajadores de Hijos de Andrés Molina (Hamsa).

La Fiscalía reprocha a los acusados su pasividad para poner freno a la utilización de las transferencias de financiación, algo que tuvo lugar a pesar de que los ex altos cargos acusados tenían “conocimiento de las irregularidades” que se recogían en los informes de la Intervención y de cuentas anuales de los auditores externos del IFA-IDEA, pese a lo cual siguieron “procediendo a la aprobación de los anteproyectos de presupuestos de los ejercicios siguientes y de sus modificaciones presupuestarias, en su caso”, según expone el Ministerio Público en su escrito de conclusiones provisionales.

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