El PP logra rebajar las sanciones de la Ley de Transparencia al segundo intento

La negociación del Presupuesto andaluz es siempre un proceso largo, complejo y que necesita de parlamentarios avezados. Porque una ley tan larga y con tanta dificultad técnica se presta a ciertos ardides parlamentarios por parte de los grupos políticos.

Y este año no ha sido una excepción en la tramitación del Presupuesto de la Junta para 2026 porque junto al montante económico y las aportaciones de los grupos parlamentarios en las enmiendas parciales se había “colado” lo que técnicamente se denomina una enmienda intrusa. Es decir, una enmienda que no tiene ninguna relación con la normativa en la que se incluye. Un camino que el Tribunal Constitucional rechaza expresamente.

El PP andaluz quería cambiar la Ley de Transparencia para hacer más laxo el régimen sancionador a los cargos públicos que no aporten la información reclamada debidamente y que están obligados a facilitar. La norma andaluza era mucho más dura y la estatal, más flexible. Una propuesta perfectamente legal por otra parte.

Primero, con Vox

Y para cambiar esta norma, el grupo popular planteó al de Vox una enmienda transaccional a otra de las que ellos habían presentado al Presupuesto. Y en dicha enmienda se incluía la supresión de los ocho artículos del régimen sancionador de la norma andaluza además de quitar al director del Consejo de la Transparencia de Andalucía (un órgano emanado del Parlamento) la posibilidad de ordenar la incoación de un expediente sancionador.

Hay que tener en cuenta que Vox ha sido el grupo parlamentario que más enmiendas parciales ha presentado a las cuentas de la Junta en el debate parlamentario , más de mil. Además, ha sido la formación a la que un mayor número de enmiendas le ha aceptado el Gobierno andaluz, hasta un total de 32.

Sin embargo, los diputados de la formación de Abascal se percataron de este cambio en la Ley de Transparencia y no aceptaron modificarla, rechazando la propuesta del grupo popular. El portavoz de Vox, Manuel Gavira, junto con los técnicos de su grupo, analizaron la propuesta planteada por el PP y la rechazaron.

Segundo intento

Sin embargo, el PP ha seguido adelante con su intención de modificar la Ley de Transparencia de Andalucía. Y lo va a lograr el próximo 22 de enero cuando se apruebe en el Pleno extraordinario del Parlamento la Ley de Universidades.

Porque las dos enmiendas que Vox no ha aceptado, las ha incluido en esta normativa que ya está lista para aprobar (la Cámara andaluza paraliza todos sus trámites hasta el 12 de enero) sin que se hayan rechazado. El grupo popular ha introducido las modificaciones para rebajar las sanciones a las infracciones de la Ley de Transparencia y ambas ya han pasado el corte técnico. Según consta en la información a la que ha tenido acceso este diario la justificación de esta norma es “mejora técnica”.

La diputada de Por Andalucía y líder de Sumar Esperanza Gómez, que es ponente de la Ley de Universidades, no pudo asistir a la reunión de la mesa en la que se calificaban dichas enmiendas al tener otras obligaciones parlamentarias. Y estas dos enmiendas, las mismas que el PP ha tratado de presentar ante Vox, han pasado los trámites. En cualquier caso hay que tener en cuenta que el PP tiene mayoría absoluta en el Parlamento autonómico.

Hay, además, otra polémica. Porque la Ley de Universidades se va a aprobar el 22 de enero en un pleno extraordinario que el Gobierno andaluz ha pedido para aprobar otras cuatro leyes que se han quedado atrasadas. El Ejecutivo autonómico quiere que todas estén aprobadas antes de que finalice la legislatura. Dichas leyes son, además de la de universidades, la Ley del Turismo Sostenible en Andalucía, de la Ley para el Avance de la ciencia, la tecnología y la innovación, y las dos que crean el colegio de Detectives Privados y del Colegio de Pedagogía y Psicopedagogía.