El perito Juan Zornoza, propuesto por la defensa del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, ha afeado hoy a los interventores estatales que "sean incapaces de mover un ápice" su tesis conspirativa de que el sistema para dar las ayudas de los ERE evitaba fiscalizarlas.

En la sesión de hoy ha seguido preguntando a los nueve peritos que declaran conjuntamente el letrado del PP-A, que ejerce la acusación popular en el juicio contra 22 ex altos cargos de la Junta acusados de prevaricación y malversación por crear un "procedimiento específico" con el que durante una década el Gobierno andaluz dio 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis.

Como es habitual, las continuas réplicas y contrarréplicas entre peritos hacen que las respuestas a cada pregunta se prolonguen y hoy el tono usado por los expertos ha sido especialmente duro, con cruce de reproches directos.

"Un error mil veces repetido sigue siendo un error, por eso insistir en la tesis conspiracionista (sic) de que las transferencias de financiación se usan para provocar evitar la fiscalización no puede ser sostenido ni siquiera como hipótesis, ya veo que los peritos de la IGAE son incapaces de mover un ápice sus conclusiones", ha criticado el profesor Zornoza.

Ha ido más allá al decir que "es faltar a la verdad decir que el uso de las transferencias de financiación impide la fiscalización".

Las transferencias de financiación eran la herramienta presupuestaria usada por la Consejería de Empleo, que daba las ayudas, para enviar fondos a la agencia pública IDEA para su pago.

El jefe del equipo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), Ángel Turrión, ha insistido en que las transferencias de financiación sólo se pueden usar para equilibrar pérdidas de los entes instrumentales como IDEA (antes IFA), que además no se podía usar sólo como "caja pagadora" al no haber sido designada como entidad colaboradora.

Llamada de atención del juez

El momento más tenso ha sido cuando Turrión ha hablado de "divergencias" entre Zornoza y el profesor Juan Ramallo -propuesto por la ex consejera de Hacienda Magdalena Álvarez- instándoles a "ponerse de acuerdo", a lo que Zornoza ha respondido que "no tiene que ponerse de acuerdo con nadie" pues estaría faltando a su función pericial.

Con más ironía le ha replicado Ramallo: "Yo sólo me tengo que poner de acuerdo conmigo mismo y a veces me cuesta trabajo".

Y ha contraataco al indicar que es Turrión quien tiene "una divergencia con sus superiores jerárquicos" al no aplicar una instrucción de 2007 de la IGAE que reconoce distintos usos de las transferencias de financiación.

El rifirrafe ha llevado al juez, Juan Antonio Calle, a llamar la atención a Zornoza para que "lo mismo que ha reivindicado su independencia del señor Ramallo, debería aplicar lo mismo para decir que la IGAE no modifica un ápice sus conclusiones".