Tres ex vocales del Consejo Rector del IFA/IDEA que han declarado este martes en el juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE han coincidido en que no existían "dudas" respecto a la legalidad de las ayudas que concedía la Consejería de Empleo y se pagaban por la agencia a través de las transferencias de financiación, por lo que han considerado que esta parte de la labor que desarrollaba la agencia era un "automatismo", un "trámite".

El primero de los testigos en declarar en esta sesión, la número 53 del juicio, ha sido el ex secretario general de Innovación entre los años 2004 y 2009 Ángel Garijo Gálvez, quien ha relatado que desde el principio los convenios que se recibían en el Consejo Rector para autorizar su firma se veía como "algo normal" y que no constituía una cuestión de importancia para el Consejo Rector.

Según este testigo, "nunca" se entregaron los convenios particulares, de los que sólo llegaban "medio o un folio" con información respecto al "incentivo" a una empresa que había sido concedido por la Consejería de Empleo. En las reuniones del Consejo Rector estos convenios eran abordados como un "automatismo" y no había discusión de ningún tipo.

El testigo ha explicado que en las cuentas anuales del año 2006, que se formularon en 2007, la auditoría estableció una "incertidumbre" en relación con que no se pudiera cobrar una cantidad de dinero -al haberse asumido unos compromisos de pago por encima de los fondos recibidos-, pero "no le preocupó" por varios motivos, entre ellos porque "se dijo que no era un desfase, sino un retraso en la percepción de fondos" y el viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, "garantizó que se iban a aportar fondos y otros miembros cualificados no plantearon que fuera un problema".

Agustín Barberá "garantizó" que se iban a aportar los fondos cuando surgió el desfase 

Según Ángel Garijo, el Consejo Rector no recibido el convenio marco de 17 de julio de 2001 por el que se abonaban las ayudas y ha afirmado que no tenía duda sobre la legalidad de la actuación de IDEA porque "no podía ser de otra forma", dado que entendían que había una Intervención delegada en la Consejería de Empleo y se había "cumplido toda la normativa" para la concesión de la ayudas. "No existía duda, estaba absolutamente garantizado que era legal", ha afirmado.

Por su parte, el director general del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), Felipe Romera Lubias ha coincidido en que el pago de las ayudas de Empleo era una cuestión "de trámite" para la agencia IDEA y ha señalado que en los convenios particulares "no había absolutamente nada", contenían una información "muy genérica" y la agencia "no aprobaba la subvención, lo que hacía era pagar", por lo que las mismas no se analizaban ni había una información "comprensiva" como ocurría con las subvenciones propias que concedía IDEA.

De la misma forma, el testigo ha indicado que no era consciente de que existiera ese convenio marco, porque "todos los convenios no eran iguales; había algunos que hacían referencia a otros convenios".

Preguntado sobre el porcentaje que representaba en la agencia IDEA los convenios que se pagaban procedentes de Empleo, el director general del PTA ha precisado que "si no hubiera sido este juicio, diría que nada... Los convenios no tenían ninguna relevancia y el tiempo de discusión en el Consejo Rector era de dos o tres minutos", por lo que ha concluido que como mucho no representaban ni el 1% de las ayudas que gestionaba el instituto.

Como el anterior testigo, ha concluido que no tenían ninguna sospecha de ilegalidad. "Nunca tuve ninguna duda sobre el proceso. No teníamos ningún elemento para dudar de esa legalidad", ha sentenciado Felipe Romera, que ha puesto como ejemplo que esa misma función de pagadores de las ayudas la han desarrollado los Parques Tecnología con el dinero que les transfería el Ministerio para que se pagaran a través de estos colaboradores.

Un tercer testigo que también fue vocal del Consejo Rector de la agencia IDEA, el ex viceconsejero de Relaciones Institucionales Juan Carlos Soriano ha insistido en que los convenios pasaron por "cuatro departamentos jurídicos y ninguno estaba viendo nada", por lo que tenía la "certeza" de que era "correcto lo que se estaba haciendo".

Este testigo ha declarado que los convenios eran "revisados" por el gabinete jurídico de la agencia IDEA y el jefe del gabinete jurídico de la Junta, Francisco del Río, también era miembro el Consejo Rector, por los que entendía que "tenía su visto bueno al no opinar nada en contra". Además los asesores de la Viceconsejería vieron el orden del día e incluso los técnicos del Partido Andalucista, y "ninguno" le hizo ninguna advertencia de ilegalidad, por lo que "no consideró que era injusto o ilegal" el pago de las ayudas encomendado a la agencia".

"Un asunto llega a un Consejo Rector porque cumple toda la normativa habida y por haber", ha aseverado el ex viceconsejero, que ha señalado con respecto al supuesto déficit causado por las transferencias de financiación que cree que el director del IFA le dijo que "se iba a corregir en el menor tiempo posible".