Licencia única de caza entre el Gobierno y diez comunidades, incluida Andalucía

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha suscrito un convenio con diez comunidades autónomas para establecer licencias interautonómicas de caza y pesca en aguas continentales. El acuerdo, publicado este martes en el BOE, incluye a Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Asturias y Murcia.

El pacto permite a cazadores y pescadores practicar estas actividades en todo el territorio de las autonomías firmantes utilizando una única licencia, eliminando así la necesidad de realizar trámites administrativos individuales en cada región. Este convenio reemplaza el marco legal establecido en 2017 e incorpora por primera vez a Andalucía y a Castilla-La Mancha, que no participaron en el anterior acuerdo. El documento establece un marco de colaboración técnica y económica destinado a facilitar la movilidad de los usuarios entre las distintas comunidades participantes.

Coste, vigencia y sanciones de las nuevas licencias

Las licencias expedidas tendrán validez de un año desde su emisión. El coste fijado será de 70 euros para las licencias de caza y de 25 euros para las de pesca en aguas interiores, unificando así las tarifas en todo el territorio del convenio.

El acuerdo contempla que las inhabilitaciones por infracciones en una comunidad serán compartidas automáticamente con todas las demás regiones firmantes. Con este mecanismo se pretende garantizar un control más efectivo sobre el cumplimiento de la normativa cinegética y piscícola.

Una plataforma digital para la gestión unificada

La operatividad del sistema se sustenta en la plataforma Licicaz-web, desarrollada y mantenida por el Ministerio de Agricultura. Esta herramienta permite un intercambio automático de información entre las distintas administraciones autonómicas y está pensada para facilitar a los técnicos la gestión de altas y bajas y la verificación de requisitos en tiempo real. Según el departamento ministerial, "esta medida no solo reduce la burocracia, sino que garantiza una gestión sostenible y compatible con el dinamismo económico de las zonas rurales".