El caso Idental

El inspector del caso Idental denuncia el acceso no autorizado a 600 correos suyos

  • Carlos Yáñez recusa a la instructora de uno de sus expedientes disciplinarios por la "flagrante" vulneración del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones y su intimidad

  • Se había permitido el acceso a sus mensajes de sólo nueve meses pero al final se han recopilado los correos de siete años, entre 2012 y 2018, que contienen información personal

El doctor Carlos Yáñez-Barnuevo, inspector médico que destapó el escánadalo Idental, a la salida del juzgado. El doctor Carlos Yáñez-Barnuevo, inspector médico que destapó el escánadalo Idental, a la salida del juzgado.

El doctor Carlos Yáñez-Barnuevo, inspector médico que destapó el escánadalo Idental, a la salida del juzgado. / José Angel García

El inspector médico Carlos Yáñez, que destapó el escándalo de las estafas de las clínicas Idental, ha denunciado que la Consejería de Salud y Familias de la Junta ha vulnerado "flagrantemente" el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones y su intimidad, por haber accedido sin su autorización a 599 correos electrónicos suyos de un período de siete años, entre 2012 y 2018, cuando sólo se había permitido el acceso a los mensajes de nueve meses.

El abogado del inspector, Rafael Prieto Tenor, ha presentado por este motivo una recusación contra la instructora de uno de los expedientes abiertos a Carlos Yáñez. La defensa recuerda que el inspector había solicitado como prueba y para ello había autorizado el acceso "únicamente a sus correos electrónicos entre abril y diciembre de 2017", precisamente el periodo que afecta a la investigación de Idental. Sin embargo, no se han facilitado los correos de seis meses, "ocultando los referidos a los meses de abril a septiembre, donde se encuentran los correos más relevantes para su defensa", y esta situación ha sido "aprovechada" para acceder "ilícitamente" a 599 correos que fueron enviados entre 2012 y 2018.

"Lo que se pide no está. Sin embargo, está todo lo que no se pide", denuncia el letrado Rafael Prieto.

La acusación en este caso se basa en los sucesivos informes sobre Idental remitió Carlos Yáñez a sus superiores por correo electrónico entre los meses de mayo y diciembre de 2017, donde se detallaban los numerosos, graves y presuntos delitos contra la salud pública cometidos por esa clínica y que fueron "desoídos reiteradamente por los que han promovido y promueven los dos expedientes disciplinarios contra el inspector, así como una denuncia penal por presunta desobediencia, ya archivada por el juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla", denuncia la defensa.

La instructora recusada, Marta Zaragoza Koblischek, es subordinada directa de varios cargos y ex cargos de la Consejería de Salud acusados de omisión en el escándalo Idental. El inspector médico la acusa de "obedecer a intereses espurios para proteger a sus jefes y amigos, presuntamente implicados en un delito de omisión en el escándalo Idental".

El escrito de recusación descarta la “torpeza supina” de la instructora como causa de la vulneración de sus derechos (se trata de una técnico superior, bien formada y con experiencia), y apunta a un voluntarismo y a una intención "espuria", con la finalidad de buscar prospectivamente algún motivo para desacreditar al inspector y proteger así a sus jefes, que han sido acusados de un delito de omisión en la macrocausa de Idental que se instruye en la Audiencia Nacional.

Además de recusar a la instructora por vulneración del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, protegido por el artículo 18.3 de la Constitución, el escrito afirma que se han denunciado los hechos ante el Parlamento Europeo por vulnerar el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (luego incorporado a la Constitución Europea como artículo II-67).

Al haber accedido a la totalidad de los correos de esos siete años, el inspector denuncia que se ha incorporado al expediente información que pertenece a la esfera de su intimidad, como las declaraciones fiscales del funcionarios, sus comunicaciones con asesores legales y otras cuestiones que afectan a la defensa técnica y a la intimidad de terceros.

Por último, el letrado del inspector afirma en su escrito de recusación presentado en la delegación territorial de la Consejería de Salud y Familias que se reservan el derecho a iniciar las oportunas acciones legales.

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