La huelga médica suspende 300.000 consultas, pruebas y cirugías en Andalucía

La huelga médica nacional convocada contra el Ministerio de Sanidad ha dejado en Andalucía un balance inédito tanto en actividad suspendida como en coste económico. Durante cinco días, del 16 al 20 de febrero, el sistema sanitario público andaluz ha tenido que cancelar casi 300.000 actos asistenciales, en un pulso que evidencia la fractura entre el colectivo médico y el departamento que dirige Mónica García.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz, cifró en 299.430 las actuaciones suspendidas y en 39,4 millones de euros el impacto económico. La magnitud de los datos, superiores a los registrados en la huelga de diciembre, que alcanzó los 38 millones, sitúa esta convocatoria como una de las más costosas para el sistema sanitario andaluz en los últimos años.

Radiografía del impacto

Según los datos oficiales, 177.281 actos suspendidos corresponden a Atención Primaria y 122.149 a Atención Hospitalaria. En los hospitales andaluces se han cancelado 96.524 consultas externas, 20.618 pruebas diagnósticas y 5.007 intervenciones quirúrgicas.

Más allá de las cifras, el efecto directo recae sobre los pacientes: retrasos en diagnósticos, demoras quirúrgicas y un previsible aumento de las listas de espera. Andalucía, como una de las comunidades con mayor volumen asistencial de España, soporta de forma especialmente intensa las consecuencias de cada jornada de paro.

Sanz calificó la semana de huelga como "especialmente compleja" y habló de una situación "absolutamente insoportable". Aunque afirmó que "defiende, apoya y respeta las reivindicaciones de los médicos", responsabilizó al Ministerio de una "dejación de funciones" y de la "inexistencia de voluntad de acuerdo".

El trasfondo: el Estatuto Marco

El conflicto se centra en la reforma del Estatuto Marco que regula las condiciones laborales del personal sanitario. El Gobierno central defiende la necesidad de actualizar la norma; los médicos, en cambio, reclaman un estatuto propio que reconozca las especificidades de la profesión.

En el ecuador de la huelga, el miércoles 18, se celebraron manifestaciones en las ocho provincias andaluzas. En Sevilla, alrededor de medio millar de personas, según datos policiales, participaron en la protesta convocada por el Sindicato Médico Andaluz (SMA), uno de los seis sindicatos de médicos convocantes, además de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'Mega).

Estos sindicatos, que han organizado un paro hasta junio durante una semana al mes, rechazan la propuesta de reforma de estatuto marco que regula las condiciones laborales del personal sanitario del Sistema Nacional de Salud, y reclaman un documento propio que se centre en las particularidades del desempeño de su profesión.

El presidente del SMA, Rafael Ojeda, aseguró que "no es verdad que se recojan nuestras reivindicaciones en este estatuto" y acusó a la ministra de "optar por no hablar con los médicos". Ojeda defendió la necesidad de una mesa de negociación específica y de un marco normativo propio, argumentando que en ningún país europeo existe una regulación común para médicos y el resto de profesionales sanitarios.

Entre las principales demandas del colectivo figuran la eliminación de las guardias obligatorias de 24 horas, una nueva regulación de la jubilación y una revisión de la clasificación profesional.

Seguimiento y clima político

Andalucía ha registrado el mayor seguimiento de la huelga a nivel nacional. En la tercera jornada, el paro alcanzó un 27,54 % en el turno de mañana, con picos del 36,29% en Huelva y del 32,06% en Sevilla. Para el Sindicato Médico Andaluz, estos datos reflejan el "malestar existente" y el compromiso del colectivo con la defensa de condiciones laborales dignas.

El cruce de acusaciones añade un componente político al conflicto. Desde la Junta se reprocha a la titular de Sanidad no haberse sentado ni con los médicos ni con las comunidades autónomas, que son quienes deben aplicar los acuerdos derivados del Estatuto Marco. Desde el sindicato, se insiste en que no se trata de confrontación ideológica, sino de garantizar una atención sanitaria "de calidad y sostenible en el tiempo".

Un pulso con efectos estructurales

La huelga no es un episodio aislado, sino un síntoma. El sistema sanitario público afronta un equilibrio delicado entre sostenibilidad presupuestaria, calidad asistencial y condiciones laborales. La pandemia tensionó sus límites; la actual reforma laboral los vuelve a poner a prueba.

Los 39,4 millones de euros en pérdidas representan un coste directo y medible. Más difícil de cuantificar es el desgaste profesional acumulado y la percepción ciudadana de inestabilidad. Cada conflicto prolongado erosiona la confianza en un sistema que depende, en gran medida, del compromiso de sus profesionales.

El desenlace dependerá de la capacidad del Ministerio para reconducir el diálogo y de la disposición del colectivo médico a negociar dentro del marco competencial vigente. Lo que está en juego no es únicamente una reforma normativa, sino el modelo de gobernanza sanitaria y la definición de las reglas laborales que sostendrán el sistema en la próxima década.