La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla suspendió el pasado lunes un nuevo juicio relacionado con la pésima gestión de la empresa Minas de Riotinto (MRT). Había cinco acusados, entre ellos quien fue el máximo responsable de la compañía onubense, Carlos Estévez, que dos días después pasó a estar en busca y captura porque pasa olímpicamente de entrar en la cárcel para cumplir una condena previa que data ya de 2018. Hasta aquí, nada extraño, teniendo en cuenta que son ya miles las vistas que no han podido celebrarse desde que a finales de enero comenzó la huelga de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), antes conocidos como secretarios judiciales. Lo que hace que este caso reúna los méritos suficientes para ser encuadrado es que se trataba de un juicio de altos vuelos, sobre todo empresariales, que dejó con la palabra en la boca a un buen puñado de ejecutivos que iban a declarar desde casi todos los extremos del planeta, desde Inglaterra a Australia, y por supuesto al traductor. Tan esperpéntica debió de ser la situación que los propios jueces se disculparon ante los abogados y encausados allí presentes e instaron a las partes a quejarse por lo ocurrido.

El juicio, y he aquí un dato que no por habitual deja de ser sintomático de cómo funciona la Justicia española, se señaló el 22 de septiembre de 2021. Ese día, la Sección Tercera fijó la primera sesión para el 6 de marzo de 2023. Es decir, un año y medio después. El segundo dato, este quizás más incomprensible, es que la cita se suspendió sólo media hora antes de su inicio, previsto para las diez de la mañana. Y no se entiende porque el diálogo entre el Ministerio de Justicia y los LAJ lleva bloqueado semanas y no se necesitaba ser catedrático de Derecho para adivinar qué iba a pasar, pero hasta los funcionarios de la Sala lamentan que las suspensiones se confirman sobre la marcha.

Al no haber comunicación previa de que no habría vista oral, en la Audiencia se personaron todos los acusados. El propio Estévez llegó desde Madrid, donde reside. Otro investigado, desde Asturias. Como su papel en esta película no es el de buenos y algunos de ellos ya han sido condenados en otras piezas, no se tomaron especialmente mal el aplazamiento del compromiso judicial y hasta los abogados salieron sonrientes de la Audiencia, pero eso no quitó para que los magistrados que deben juzgar este caso (de presunta estafa procesal y falsedad en documento mercantil) pidiesen disculpas por la paralización del proceso. Aun respetando el derecho a huelga, los jueces son los primeros descontentos con todo el perjuicio que el paro de los LAJ está generando a la Justicia.

Lo peor, en todo caso, fue citar a grandes empresarios de varias partes del mundo para nada. Eso ocurrió con Ashwath Mehra, en su día presidente del grupo minero MRI, y por tanto inversor en la mina onubense, e importante comercializador mundial de metales. Su centro de operaciones se encuentra en Londres y desde allí iba a declarar vía videoconferencia.

Ashwath Mehra (a la izquierda) y el ya fallecido John Leach (a la derecha), en una rueda de prensa en Sevilla en 2011.

Desde Sidney iba a comparecer el empresario australiano de origen chipriota Harry Anagnostaras-Adams, socio fundador de Emed Mining y consejero delegado de Emed Tartessus, la filial que invirtió en Minas de Riotinto, además de presidente de Atalaya, el nombre que acabó adoptando Emed. Estévez ya fue condenado precisamente a quince meses de cárcel por apropiarse de una parte de esos fondos. Otro de los testigos propuestos por la defensa del antiguo consejero delegado de MRT era Ronnie Beevor, que presidió Emed Tartesus y ahora ejerce como máximo responsable de Bannerman Energy y Felix Gold. Y hay más, como la asesora Tara Wales, que actuó como mánager legal y jefa de recursos humanos de Emed Mining.

Otro testigo ilustre, que como todos los demás ya declaró antes en otros juicios previos de la misma causa, es Guillermo Gutiérrez, consejero de Trabajo de la Junta de Andalucía entre 1996 y 2000.

El caso data de 2009, así que ya ha cumplido catorce años. Y lo que es peor: la apretadísima agenda de la Sección Tercera (como la de casi todas las secciones de la Audiencia en realidad) y el amontonamiento de juicios suspendidos que tendrán que celebrarse alguna vez hacen calcular a las partes que el nuevo señalamiento caerá ya en 2024. Ha transcurrido tanto tiempo que por el camino ha fallecido otro de los testigos: John Leach, que fue director financiero de Emed Mining.