Agosto se presenta caliente en las relaciones España-Reino Unido-Gibraltar. Y no se debe precisamente a las temperaturas propias de estas fechas. La vecindad con la colonia británica vuelve a vivir momentos de crispación desde que el Gobierno del Peñón decidiera el lanzamiento de bloques de hormigón en aguas próximas apelando a "motivos medioambientales", operación contra la que arremetieron los pescadores de la Bahía de Algeciras por considerar que se trata una medida para impedir que sus barcos faenen en la zona.

El episodio posterior corrió a cargo del Gobierno español, que "cumpliendo estrictamente la legislación" -argumentó el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo-, llevó a cabo controles en la verja para "evitar el contrabando, los tráficos ilícitos y el blanqueo de dinero". El dispositivo de exhaustivos registros a los vehículos está causando grandes colas y retrasos en los accesos a Gibraltar, contra los que ayer llegó a protestar el Gobierno británuico, que convocó al embajador español en el Reino Unido, Federico Trillo, para manifestarle su "preocupación" por la situación en la frontera y pedir que no se repita.

El secretario de Estado británico de Asuntos Exteriores y para la Commonwealth, Hugo Swire, denunció los "largos retrasos" de "hasta siete horas" que se produjeron en la frontera entre los días 26 y 28 de julio, que se repitieron el día 30, como consecuencia de los registros "totalmente desproporcionados" a los que sometieron las autoridades españolas a los vehículos que entraban y salían de Gibraltar. Según Swire, estas "alteraciones" en el flujo aduanero tiene "un impacto directo en la prosperidad y el bienestar de las comunidades de ambos lados de la frontera". "La posición del Gobierno de Reino Unido es que estos retrasos son injustificados, inaceptables y no tienen lugar en una frontera entre dos socios de la UE", recalcó.

Los registros volvieron a producirse ayer, repitiéndose las colas de entre cuatro y cinco horas para salir del Peñón hacia España, ya que en esta ocasión los controles se han hecho a los vehículos que salían de Gibraltar. El Gobierno del Peñón ha presentado una queja ante la Comisión Europea porque considera que las autoridades españolas están provocando "deliberadamente" los retrasos.

El ministro de Asuntos Exteriores de Reino Unido, William Hague, ya telefoneó el pasado domingo por este motivo al jefe de la diplomacia española, José Manuel García-Margallo, que le explicó que España tiene la "obligación" de hacer estos registros. García-Margallo contratacó: "La diferencia es que nosotros cumplimos estrictamente la legislación y Gibraltar ha escogido una política de hechos consumados violando la legislación europea, entre ella la legislación medioambiental".